ALMERÍA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, ha defendido este viernes que la Administración está actuando como establece la ley con respecto al cobro de cuotas por parte de centros escolares concertados de Almería al tiempo que ha advertido de que "ningún colegio sostenido con fondos públicos" puede optar por prácticas de este tipo en una región "donde la educación es rotundamente gratuita y en igualdad de condiciones".
Álvarez de la Chica se ha referido, en declaraciones a los periodistas, a los autos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, a requerimiento de los centros, ha resuelto paralizar las sanciones impuestas a dos de ellas por un importe de 365.100 euros, que la Junta estaba ejecutando detrayendo la cuantía de las partidas presupuestarias que cada ejercicio destina a cada colegio concertado.
En esta línea, ha trasladado que no "quiere" que ningún padre o madre se vea obligado a pagar lo que ha definido como "cuotas disuasorias" y ha recordado que se abrió un periodo de negociación con los afectados que "finalmente se saldó con la imposición de multas". Ha asegurado que los colegios concertados "cumplen en número altamente significativo con la ley y hacen un gran aporte a la educación pero -ha añadido-- hay que actuar contra esos que no la cumplen ya que la norma nos ampara".
El titular del ramo, quien ha subrayado que desde la Junta se acata "cabal y de manera rotunda" la resolución, ha destacado que el Alto Tribunal "no ha discutido la sanción" sino que adopta la medida cautelar sobre la ejecución aunque, según ha afirmado, "se estaba realizando como habitualmente, descontando la multa de lo que abonamos" a estos colegios.
Los centros La Salle Virgen del Mar y La Salle Chocillas recurrieron al Alto Tribunal andaluz tras la sentencia desfavorable del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería que reconoció las "irregularidades" en el cobro de cuotas, por lo que interpuso sanciones de 279.000 y 86.100 euros para cada centro, respectivamente.
Durante el pasado curso, el servicio de inspección educativa localizó otros dos centros escolares concertados que también cobraban cuotas a los padres, por lo que se les interpuso una sanción a cada uno de ellos. Así, mientras que al Divina Infantita de El Ejido se le multó con 95.600 euros, al centro de mismo nombre en la capital se les sancionó con 86.100 euros.
Así, la abogada que representa a ambos colegios, María Dolores Abril, presentó ante el TSJA un recurso y solicitó la paralización cautelar en octubre ya que, tras la congelación de los dos últimos pagos, estos colegios han tenido que pedir ayuda a su congregación para poder hacer frente a los gastos de funcionamiento.