Andalucía llevará al TS las reválidas de ESO y Bachillerato si el Gobierno no rectifica

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, más conocidas como 'reválidas', si el Gobierno de la Nación "no da un paso atrás y rectifica" la regulación actual.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que ha acordado solicitar la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para abordar las 'reválidas" de Secundaria y Bachillerato.

Vázquez ha asegurado que "si el Gobierno persiste en su línea de falta de diálogo" la Junta "interpondrá el pertinente recurso" por vía contencioso-administrativa contra las reválidas de Bachillerato y Secundaria, como ya ha hizo contra las reválidas de Primaria ante el Supremo y contra el conjunto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) ante el Tribunal Constitucional (TC).

Según el portavoz, existen "razones sobradas" para recurrir el decreto que regula las reválidas de Secundaria y Bachillerato porque jurídicamente "presenta vicios de nulidad, carece de memoria económica y de impacto de género y lo aprueba un Gobierno en funciones que extralimita sus competencias", desde el punto de vista pedagógico establece un modelo "segregador" que es "rechazado por la práctica totalidad de la comunidad educativa" y desde el punto de vista competencial "no ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas sobre la forma y el contenido del Real Decreto".

En el caso concreto de Andalucía, Vázquez ha alertado de una "posible invasión de competencias autónómicas" que afecta a "nuestro modelo educativo y de evaluación" y ha subrayado que la implantación de las nuevas reválidas ha generado "una enorme incertidumbre en el acceso a la Universidad, donde antes teníamos seguridad jurídica y ahora no la hay" porque "ni docentes, ni alumnos ni familias saben cómo va a terminar el curso escolar".

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