Publicado 21/01/2022 15:43

Andalucía reitera que mantiene las oposiciones para docentes en 2022 y que habrá "plena seguridad jurídica"

Varios estudiantes en una imagen de archivo.
Varios estudiantes en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte ha informado este viernes que mantiene la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros para 2022, cuya primera prueba está programada para el 19 de junio, y ha trasladado a los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial que habrá "plena seguridad jurídica para todos los participantes".

Según ha apuntado la Consejería en un comunicado, la normativa que se aplicará en este procedimiento será la vigente en este momento, es decir, el Real Decreto 276/2007 en su redacción actual. Asimismo, ha agregado que "está negociando con las organizaciones sindicales el número de plazas que podrán ir a la convocatoria de 2022, tras haber quedado bloqueadas 2.600 de las plazas previstas por la Junta de Andalucía, como consecuencia del vacío normativo que ha provocado el gobierno de España al publicar la Ley 20/2021".

Esta ley, ha apuntado, "afecta directamente a las 2.600 plazas correspondientes a los procesos de estabilización de 2018, ya que por el momento el Ministerio de Educación y FP no ha publicado la modificación del Real Decreto 276/2007 que, por mandato legal, deberá aplicarse a dichas plazas".

Asimismo, la Consejería ha aclarado que en estos momentos se pueden convocar las 1.100 plazas del Decreto de Oferta de Empleo Público de 2021 correspondientes a la tasa de reposición. Educación ha sostenido que "está valorando la opción de adelantar la publicación del Decreto de Oferta de Empleo Público de 2022 para sumar las plazas de la tasa de reposición que resultasen del mismo y adicionarlas para esta convocatoria de 2022.

Respecto a las 2.600 plazas de estabilización del Cuerpo de Maestros cuya convocatoria ha quedado temporalmente bloqueada, la Consejería de Educación y Deporte ha trasladado la garantía de que serán convocadas cuando el gobierno de España termine de regular normativamente el procedimiento transitorio.

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