HUELVA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, tras celebrar el correspondiente Juicio Oral el pasado día 15 de febrero, ha condenado a un ciudadano de nacionalidad nigeriana a una pena de cinco años de prisión por un delito de trata de seres humanos, así a dos años de prisión por un delito de explotación sexual, en su modalidad de prostitución coactiva, a una inmigrante irregular.
Según ha indicado la Fiscalía Provincial de Huelva en un comunicado, la Sala ha condenado al procesado a la pena de prohibición de comunicación y alejamiento respecto de la víctima y una indemnización a la misma de 25.000 euros por los perjuicios económicos y otra de 12.000 euros por los perjuicios morales.
El relato de Hechos Probados de la Sentencia establece que la víctima, de nacionalidad nigeriana, fue captada en su país de origen, siéndole practicado el ritual conocido como vudú y trasladada a España tras pasar por países como Libia e Italia haciendo uso de documentación falsa y quedando sometida al acusado, quien le impuso de forma coactiva la obligación de ejercer la prostitución en la ciudad de Huelva para pagarle la cantidad de 30.000 euros como 'precio de rescate' siendo la víctima objeto de amenazas sobre su familia.
El caso se inició como consecuencia de una llamada ciudadana al Teléfono Contra la Trata y fue objeto de una exhaustiva y eficaz investigación por la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, quien además ejerció desde el primer momento labores de tutela y protección de la víctima quien fue acompañada durante todo el proceso por personal especializado de una ONG.
La investigación judicial estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva. Es la primera sentencia dictada en Huelva en materia de trata de seres humanos y por la Fiscalía Provincial de Huelva se valora como una manifestación "exitosa" de la creciente presión institucional ejercida por todos los poderes públicos y colectivos implicados contra esta forma degradante de criminalidad cuya consagración expresa en el Código Penal del año 2010.
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