LINARES DE LA SIERRA (HUELVA), 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal de IU-Socialistas Independientes de Linares de la Sierra (Huelva) consideró hoy que la resolución emitida por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, en la que insta al Ayuntamiento de la localidad a anular la adjudicación de dos viviendas municipales, "es un auténtico varapalo a la prepotencia y a la arbitrariedad" del alcalde, Jaime Luis Fernández-Ceballos de Carranza (PSOE), y del grupo municipal socialista.
En un comunicado de prensa, la portavoz municipal de IU, Concha Pérez, criticó que tanto el alcalde como su grupo municipal "han obviado los más elementales derechos constitucionales de los solicitantes y los procedimientos legales al uso", tras lo que valoró que Chamizo "ha dado la razón a IU respecto a que el procedimiento utilizado no ha sido objetivo ni imparcial sino todo lo contrario, clientelar y caciquil".
En este sentido, Pérez mostró su satisfacción por la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz y quiso aclarar que el grupo municipal de IU "no ha actuado contra los adjudicatarios, sino en defensa de los derechos de todos los solicitantes y de la legalidad". "Si ahora los adjudicatarios tienen algún perjuicio, la responsabilidad es exclusiva del alcalde y del grupo municipal socialista por no hacer bien las cosas desde el principio a pesar de las advertencias", apostilló.
Y es que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha hecho pública una resolución en la que insta al Ayuntamiento de Linares de la Sierra (Huelva) y a su alcalde, Jaime Luis Fernández-Ceballos de Carranza (PSOE), a anular la adjudicación de dos viviendas municipales "al haber incurrido en infracciones del ordenamiento jurídico aplicable", todo ello tras la queja presentada por IU-Socialistas Independientes de Linares relativa a la adjudicación "arbitraria" de estas viviendas.
En su resolución, emitida con fecha 25 de enero de 2008 tras recibir respuesta por parte del Consistorio de la localidad a la petición de informe inicial, Chamizo recomienda al alcalde que, una vez se ultime todo el procedimiento de anulabilidad del acuerdo plenario por el que se adjudicaron estas dos viviendas, se proceda a llevar a cabo un nuevo procedimiento de contratación del arrendamiento de los dos inmuebles "conforme a los principios constitucionales y a la normativa de contratación vigente y aplicable a las Entidades Locales de Andalucía".
