PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) criticó hoy que el equipo de Gobierno del PP se ha enfrentado ya a unas 60 causas judiciales en lo que va de mandato, algunas de las cuales están aún abiertas y que se encuentran en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en los juzgados de Moguer o en la sala de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, entre otros.
Según la información obtenida por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Palos, a la que ha tenido acceso Europa Press, en contra del Consistorio y de su alcalde, Carmelo Romero (PP), hay al menos siete recursos contra liquidaciones tributarias, dos procedimientos disciplinarios, alrededor de 18 contenciosos de funcionarios y sobre 16 contenciosos laborales.
En en el Tribunal de Cuentas se encuentran dos denuncias por presuntas "irregularidades contables" denunciadas por el sindicato CSI-CSIF, la primera de las cuales, para la que se espera sentencia tras el juicio contra el alcalde celebrado el pasado 22 de marzo, hace referencia a presuntas irregularidades en la contratación del Jefe de la Policía Local.
En este caso, el sindicato asegura que que el Jefe de la Policía Local nombrado por el alcalde "recibió varias nóminas, por valor total superior a 7.000 euros, antes de ser nombrado y de desempeñar sus funciones como tal".
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas también ha admitido a trámite otra denuncia del mismo sindicato sobre "presuntas irregularidades contables en casi 300 contratos que se han hecho y que no responden a plazas de la plantilla ni la cantidad destinada para los mismos se contemplan en los presupuestos, cuya cantidad, en los últimos años, asciende a los 40 millones de euros, que no se saben de dónde han salido".
Por otra parte, el TSJA ha confirmado recientemente un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva, que obliga al Ayuntamiento a "restablecer la legalidad" en unas obras de construcción de chalet que la empresa Gibrapark construye en la playa de Mazagón y que fue denunciado por los vecinos de Sierra Wamba.
Además, el Juzgado ha impuesto al alcalde de la localidad una multa coercitiva de 150,25 euros por el "retraso en los reiterados requerimientos realizados por el Juzgado" y que el TSJA consideró que "es inaceptable la dilación y la renuncia de la autoridad administrativa en la obstaculización del cumplimiento de la sentencia".
Este no es el único caso de carácter urbanístico por el que vecinos han denunciado al Consistorio, ya que otros vecinos también denunciaron la construcción de un chalet por la empresa Zíngara de Construcciones en la parcela Valdemorales, también en la Avenida de los Conquistadores, "por no cumplir con los requisitos establecidos de altura y volumetría, entre otros", denuncia que también fue ratificada y en la que se personó la Junta de Andalucía y en la que se está a la espera de una resolución.
POLICIA LOCAL
En el ámbito del personal municipal, además de los dos procedimientos disciplinarios, los alrededor de 18 contenciosos de funcionarios y los 16 contenciosos laborales, el alcalde de Palos está imputado por un presunto delito de prevaricación tras la denuncia presentada contra él por la plantilla de la Policía Local, caso por el que Carmelo Romero declaró el pasado 20 de febrero.
En la querella presentada por la plantilla de la Policía Local del municipio, a la que se unió personal del Ayuntamiento, se acusa al alcalde de adoptar "medidas persecutorias" contra los agentes que, según la estimación de la querella, "podrían ser constitutivas de un delito de prevaricación".
Por su parte, el grupo municipal socialista también mantiene abierto un procedimiento contra el equipo de Gobierno del PP de Palos en el Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Huelva por la "denegación por silencio administrativo de la solicitud de acceso a la información relativa a la relación de deudores con el Ayuntamiento de Palos, de los impuestos municipales, así como de las tasas municipales de los años 2002, 2003 y 2004.
En este sentido, existe un auto con fecha de 10 de enero de 2006 por el que se admiten todas las pruebas documentales propuestas por los concejales del PSOE que guardan relación con el objeto del proceso, por lo que se está a la espera de sentencia.
