HUELVA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La oposición en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) presentó hoy en el Juzgado de Instrucción de guardia de Ayamonte una denuncia contra el alcalde de la localidad, Juan Antonio Millán, el ex edil de Urbanismo, Miguel Novoa; su esposa; un arquitecto y un representante de la empresa Hiconsa por seis presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho.
En rueda de prensa, el representante de IULV-CA en el Ayuntamiento de Cartaya, Miguel Ángel Gea, indicó que tanto IU como PA, PP y el edil no adscrito en esta corporación han denunciado a estas personas por entender que podrían haber cometido "varios delitos en el desarrollo urbanístico de unos terrenos situados junto al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral, cuya extensión es de 21.000 metros cuadrados".
Según la valoración realizada en 2005 por el arquitecto que ahora ha sido denunciado, Hiconsa debía pagar al Ayuntamiento --el diez por ciento de la cesión obligatoria de los aprovechamientos lucrativos-- "un total de 1,3 millones de euros". Sin embargo, la oposición pidió este año una valoración alternativa, "visada por el Colegio de Arquitectos", que determina que debía haberse ingresado "4,5 millones, es decir 3,1 millones más".
Según explicó Gea, el interés público "podía haber sido perjudicado por una serie de personas que dejaron de ingresar al Ayuntamiento 3,1 millones --cantidad similar a lo que recibe Cartaya de los fondos estatales-- por la relación de estas personas con otras, de las denunciadas".
Esta valoración, que según los denunciantes "ahorró tantísimo dinero a Hiconsa, la realizó el mismo arquitecto que luego redactó y dirigió para esa empresa el proyecto de construcción de viviendas en esa zona".
Otra de las presuntas irregularidades que apuntan estos ediles es la "concesión de licencia de obras en 2006 a Hiconsa sin esperar a que estuviese aprobada de forma definitiva la normativa urbanística, con lo que la construcción de las viviendas habría comenzado al margen de la ley".
Así, estos concejales indicaron que "unos y otros se pudieron haber aprovechado de información del Ayuntamiento para su beneficio privado y podrían haber recibido favores a cambio".
