HUELVA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, se ha mostrado convencido este miércoles de que la Consejería de Fomento y Vivienda ha hecho "lo que tenía que hacer" al abrir seis procedimientos sancionadores a sendas entidades financieras por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de 14 viviendas protegidas en la provincia de Huelva. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a 840.000 euros.
A preguntas de los periodistas antes de la clausura de las Jornadas sobre Discapacidad Intelectual 'Somos capaces', organizadas por la Asociación de Padres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Huelva (Aspapronias) con la colaboración de la Universidad onubense, Valderas ha subrayado que "la Consejería ha hecho lo que tenía que hacer", es decir "defender la función social de la vivienda", que es "una política de unidad del Gobierno de la Junta; nos cohesiona", ha agregado.
En este sentido, ha sostenido que esta política marca "un nuevo tiempo político para la vivienda en Andalucía, y no puede ser tratada como un mero aspecto especulativo desde el punto de vista inmobiliario o financiero".
Asimismo, el vicepresidente ha defendido que "el deber que tiene un gobierno es hacer que se cumpla la función social de una vivienda, la ostente quien lo ostente", de manera que "si no lo cumple hay que sancionar, aunque ése no sea el objetivo".
"Se han abierto una serie de expedientes que pueden alcanzar casi un millón de euros de sanción para esas entidades financieras que no están cumpliendo con la función social de la vivienda, especialmente, de las de VPO", ha explicado Diego Valderas.
Del mismo modo, ha señalado que "no es aceptable" que en Andalucía, con casi 700.000 vacías, la mayoría en manos del sector financiero, "esas viviendas no empiecen a cumplir su función social que cientos de miles de familias andaluzas necesitan".
Para Valderas, "un gobierno que se precie necesita estar de lado de estas familias, no del lado de los especuladores, ni de los poderes financieros", los cuales, a su juicio, "siguen queriendo ostentar una gran parte de las viviendas para poder sacar cierto nivel de interés de carácter especulativo de cara al futuro". Por ello, "vamos a seguir actuando", ha concluido.
