ANTEQUERA (MALAGA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La nueva Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial de Andalucía ha supuesto una inversión directa de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa superior a los 19 millones de euros y la creación de 322 nuevos puestos de trabajo en la provincia de Málaga en un año.
Así lo puso hoy de manifiesto la delegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, María Gámez, durante un encuentro mantenido en Antequera (Málaga) con una veintena de empresarios de la comarca, al que también acudieron el gerente provincial de la Agencia para el Desarrollo Empresarial de Andalucía, Rodrigo López, y el teniente de alcalde José Luis Ruiz Espejo.
El objetivo de la reunión es, según destacó Gámez, dar a conocer al colectivo las posibilidades que ofrece la orden y animarles a hacer uso de ella, para lo que cuentan de plazo hasta finales de septiembre, aunque, posteriormente, se abrirá una nueva convocatoria, adelantó la delegada.
La nueva normativa ha subvencionado hasta el momento 152 proyectos y generado una inversión total de más de 47 millones de euros, según los datos manejados por la Junta de Andalucía.
La delegada provincial calificó de este modo de "muy positivo" el balance del primer año de funcionamiento del programa, que pone de manifiesto que, "contrariamente a lo que se viene diciendo, las empresas andaluzas invierten en innovación y desarrollo cuando cuentan con el apoyo público adecuado".
La mayor parte de las subvenciones financió proyectos de cooperación empresarial, "que han hecho posible que las empresas se hagan más fuertes y puedan ganar en competitividad de cara a su introducción en el mercado internacional", expuso Gámez.
La implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y los proyectos de innovación y desarrollo (I+D+i) también destacaron, especialmente entre las propuestas admitidas.
La orden también subvenciona la creación de nuevas empresas, favoreciendo especialmente las promovidas por jóvenes y mujeres, empresas de economía social y ubicadas en parques tecnológicos con la financiación de entre el 10 y el 70% de las inversiones requeridas.
Gámez comentó que, aunque existen unos sectores prioritarios a los que va dirigido este tipo de ayudas, podrá acceder a los incentivos cualquier empresa establecida en Andalucía, además de asociaciones de empresas y fundaciones que tengan relación con el ámbito empresarial. La normativa establece la obligatoriedad de mantener la actividad durante un mínimo de siete años y recoge la política en materia de cohesión social y equilibrio territorial como uno de los aspectos que tienen un tratamiento más favorable en las medidas de apoyo, tanto el destinado a los grupos con riesgo de exclusión social como a los territorios con un menor desarrollo económico.
La orden presenta además como novedad la digitalización de los procesos administrativos; así, cualquier empresario podrá cumplimentar la solicitud y presentar toda la información relativa a su proyecto de forma electrónica. Con este sistema "se reduce a la mitad el tiempo de respuesta de la Administración a las solicitudes, pasando de los seis meses actuales a tres", informó Gámez.
