MÁLAGA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga ha absuelto al exalcalde de la localidad malagueña de Benalmádena Enrique Bolín y ha condenado a un exedil por un delito de prevaricación urbanística por la concesión de licencias ilegales de obra o de primera ocupación para viviendas. Al exconcejal se le impone un año y medio de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante siete años.
Según la sentencia, que no es firme, "no ha quedado acreditado" que Bolín tuviese pleno conocimiento de la ilegalidad de las licencias firmadas, mientras que sí ha quedado probado que el exconcejal José Nieto actuara "con conocimiento de la ilegalidad de las mismas, con absoluta arbitrariedad, producto de su exclusiva voluntad, sin justificación jurídico-legal alguna".
Tras analizar los diferentes documentos incluidos en la causa, se declara probado en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, que, siendo Bolín regidor y Nieto primer teniente de alcalde, se concedieron licencias urbanísticas "en las que no se cumplían los requisitos legalmente establecidos". En concreto, se han investigado cinco expedientes.
De éstos, según la sentencia, tres se refieren a permisos de primera ocupación para viviendas o para una nave, en los que los técnicos emitieron informes desfavorables por haber modificaciones o defectos; pese a lo cual el entonces edil escribió "conceder licencia" y finalmente Bolín las otorgó. La jueza considera uno de ellos una infracción administrativa y no delito.
Otro caso se trató de una licencia de obras para la construcción de 68 viviendas con piscinas y garajes, que según el informe del técnico "no se adecuaban a las ordenanzas municipales aplicables, determinadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", a pesar de lo cual el exedil la concedió por decreto, actuando como alcalde accidental.
El quinto expediente era para la demolición de un inmueble y la construcción de un edificio, con un informe técnico igualmente desfavorable, del que el exconcejal tenía "pleno conocimiento", pese a lo cual escribió de su puño y letra la expresión "acceder a lo solicitado" y el día siguiente el entonces alcalde firmó el decreto concediendo el permiso de demolición.
La juzgadora señala que en el caso de Bolín, no resulta acreditado que cometiera un delito pues no se puede asegurar que firmara las licencias conociendo la existencia de los informes desfavorables, añadiendo que las funciones de urbanismo estaban delegadas en el concejal, por lo que a Bolín se le pudo pasar a la firma los decretos tras el visto bueno de éste.
Así, se considera que, aunque muchas de las irregularidades fueran subsanables, eso "no impide que se haya cometido un delito" puesto que se autorizaron las licencias sin requerir a los interesados la subsanación" de las mismas, por lo que se aprecia "un ejercicio arbitrario del poder" por parte del exedil y se le condena. Además de prisión e inhabilitación, se le impone una multa de 2.160 euros.
