MÁLAGA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga ha acordado continuar la causa por supuestas irregularidades en subvenciones concedidas a la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (Fibic), en concreto, para la construcción de un centro de innovación denominado Cibic. Así, se dispone seguir el procedimiento contra el ex secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología, Francisco Triguero, y otras cinco personas más.
Así consta en el auto, al que tuvo acceso Europa Press, por el que se continúan las diligencias, además de contra el que fue designado por la Consejería de Innovación de la Junta en la Fundación, contra el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) Felipe Romera; contra el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Juan Manuel Suárez Japón, y otras tres personas, vinculadas a la fundación o a la tramitación de las ayudas.
Asimismo, el juez dispone que se dé traslado al fiscal y otras acusaciones para que presenten calificación y pidan la apertura de juicio oral, o soliciten el archivo, apuntando que los hechos podrían ser constitutivos de delito del apartado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. En esta resolución, que se puede recurrir, se acuerda el sobreseimiento provisional respecto de cinco personas que han sido investigadas en esta causa, que comenzó en 2013.
En estas diligencias se han investigado las ayudas públicas para el proyecto del Cibic, recibidas por distintas administraciones, como el Ministerio de Educación y Ciencia, luego el de Ciencia e Innovación; así como de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía. Para el instructor, "se aprecian indicios de criminalidad sólidos y suficientes para pasar a la fase intermedia del procedimiento".
La Fibic se constituyó en 2007 y decidió llevar a cabo el Centro de Innovación para el Bienestar Ciudadano (Cibic) a modo de sede en unos terrenos ubicados en el PTA en la capital malagueña. La obra se adjudicó y en 2008 comenzaron los movimientos de tierra, aunque estuvieron paralizadas. El juez precisa que "ha quedado patente" el uso del lenguaje para solicitar las subvenciones lo que "dificulta en gran medida el conocimiento del coste total y real del proyecto".
En el auto se indica que la Intervención General de la Administración del Estado hizo un primer informe en 2010 de control de operaciones, apreciando irregularidades en relación con este caso, como la existencia de "un exceso de ayudas" para el proyecto y el "incumplimiento del principio de concurrencia" exigido por la normativa en materia de contratación de las obras; lo que llevó a iniciar el proceso de reintegro de unos 5,8 millones de euros.
A raíz de los problemas por la construcción y financiación del edificio, la situación de la Fundación llegó a ser "crítica", dice el juez, momento en el que se decidió por los responsables solicitar una subvención excepcional por 11,5 millones de euros y un préstamo a la Junta de Andalucía, pero al órgano fiscalizador se envió una memoria económica "modificada" para "evitar que tuviera conocimiento de la totalidad de financiación pública obtenida".
TRAMITACIÓN
Asimismo, el instructor señala que el objetivo de esa modificación de la memoria y anexos era para "evitar" que el órgano de fiscalización del gasto supiera "la existencia de los expedientes de reintegro incoados por el Ministerio de Innovación y el destino que se iba a dar a una parte considerable de la subvención excepcional". La Intervención de la Junta emitió un informe desfavorable a esta ayuda.
Pero, señala el auto, con la "inequívoca finalidad de sortear los motivos del informe de disconformidad" en diciembre de 2011, la Fundación decidió en una reunión renunciar a la primera ayuda, que era por importe de 3,4 millones, y modificar la subvención especial de 11,5 a 15,5 millones. En la memoria que se remitió en esta solicitud "no aparecía ningún dato relacionado con la financiación pública obtenida con anterioridad para el mismo proyecto".
En este caso, se otorgó en enero de 2012, siendo autorizada por el Consejo de Gobierno y se hizo pública por una resolución de Secretaría General de Universidades, firmada por Triguero como secretario, siendo a la vez vicepresidente de la fundación. Finalmente, no se pudo cobrar, salvo 2,5 millones de euros, y se presentó un concurso voluntario de acreedores.
El instructor señala que "la cosa no se quedó en modificar la memoria, sino en realizar una selección de los documentos que debían enviarse al órgano fiscalizador. Así, alude a que hubo información "eliminada" de la documentación inicialmente remitida.
Esta supresión, que fue "determinante", según el juez, para que fuera concedida la subvención en diciembre de 2011, "tiene su traducción en el tipo penal previsto en el artículo 308 del Código Penal", que se refiere al que obtenga ayudas públicas "falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando", lo que supone "una pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe".
El juez indica que "podría considerarse que estaríamos ante un delito de fraude de subvenciones en grado de tentativa"; no obstante, señala que "no se puede obviar" que se produjo un pago anticipado de 2,5 millones. Además, en un informe de la Intervención se señala que sumando todas las ayudas y descontando los reintegros y otras cantidades "supondría un importe total de financiación --19,4 millones de euros-- que sobrepasaría el coste total de la ejecución del proyecto para la construcción del Cibic".
En cuanto a la responsabilidad de los investigados, se señala a Triguero, Romero y Suárez Japón, por cuanto eran representantes con voz y voto en el Patronato donde se tomaron las decisiones anteriores. Asimismo, se sigue la causa contra la que era tesorera y apoderada y contra otras dos personas, que estaban en ese momento vinculados al Gobierno andaluz y a la tramitación de las subvenciones.
