El alcalde de Manilva y otros ediles se acogen a su derecho a no declarar

ESTEPONA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Manilva, Diego Urieta, y otros tres ediles se han acogido este viernes a su derecho a no declarar ante la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) que los había citado como imputados dentro de una de las piezas separadas del caso que sigue por supuesto enchufismo, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La instructora acordó tomar declaración al regidor, perteneciente al grupo de no adscritos tras abandonar IU; así como al actual candidato del PSOE a la Alcaldía, Diego José Jiménez; y a otros seis ediles, entre ellos Emilio López Berenguer, concejal de la Agrupación Socialista de Manilva, que está en coalición en el equipo de gobierno.

Así, según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, Urieta, que lleva algo más de cuatro meses como alcalde tras la dimisión de la anterior regidora, Antonia Muñoz --también imputada en esta causa--, y los otros tres concejales que se pasaron al grupo de no adscritos tras dejar IU, se han negado a declarar; mientras que el resto sí ha respondido a la mayoría de las preguntas.

El alcalde ha explicado que solicitaron la suspensión o aplazamiento de esta citación por el volumen de la causa y para poder preparar la defensa, pero al no autorizarse, "nos hemos acogido a nuestro derecho a no declarar, pero hemos dejado claro a la jueza que cuando tengamos toda la documentación y estemos informados vamos a solicitar declarar en las próximas semanas".

La causa principal se dividió en tres piezas, la primera es en la que se investigan supuestas irregularidades en la contratación laboral desde 2007, las cuales en algunos casos tendrían vinculación con responsables municipales o de IU, formación a la que pertenecía la exalcaldesa y gran parte del equipo de gobierno actual, hasta que decidieron pasarse al grupo de no adscritos.

A juicio de los investigadores, con las comprobaciones realizadas a través del análisis de documentos y de informes de la interventora y del secretario, "se llega a la conclusión de que existen indicios racionales que hacen sospechar que se ha realizado un considerable número de contratos de trabajo que, al parecer, han sido formalizados sin tener en cuenta los preceptos legales".

La segunda pieza es en la que han declarado los representantes municipales este viernes y se trata de adjudicaciones de contratos a empresas vinculadas a la anterior alcaldesa. Aquí se investigan delitos de prevaricación, malversación, fraude de contratos y negociación prohibida a funcionarios, según han especificado otras fuentes. La última es sobre transferencias a empresas municipales.

El candidato del PSOE, Diego José Jiménez, que sí ha declarado, ha asegurado a Europa Press que se le cita por estar en cuatro comisiones de gobierno en las que se aprobaron algunos de dichos contratos, pero "en tres de ellas me abstengo y no voto esas facturas", además de que "no tenía potestad en esas contrataciones", añadiendo que ha presentado documentación al respecto.

Ha asegurado que ha pedido a la jueza que levante la imputación, algo que confía en que se produzca "porque no tengo mucho que ver con esto y un delito se aleja mucho de mi comportamiento". Así, ha recordado el compromiso que marca el código ético del partido, que habla de la apertura de juicio oral, momento en el que se plantearía renunciar pero que "está muy lejos de producirse".