MÁLAGA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El jurado popular ha declarado culpable a los cuatro acusados en relación con el crimen de un joven que medió en una pelea en el centro de Málaga capital en abril de 2017, según han informado fuentes judiciales, dos de ellos por un delito de asesinato con dolo eventual y los otros dos por encubrimiento.
En este caso, dos de los procesados eran acusados por un delito de asesinato y han sido declarados culpables, al igual que los otros dos, que han sido juzgados por un delito de encubrimiento. En ningún caso los jurados han considerado circunstancia alguna que atenúe la pena a imponer, han indicado a Europa Press las fuentes.
El veredicto se ha leído este viernes en la Audiencia de Málaga y ahora será la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado la que tendrá que dictar sentencia en los próximos días.
Los dos jóvenes acusados del delito de asesinato declararon ante el jurado popular que nunca pensaron lo que pasó ni fueron conscientes de la gravedad de lo ocurrido. Además de pedir perdón y dar el pésame a la familia, indicaron que solo dieron unos golpes al joven, pero no tuvieron intención de acabar con su vida ni se les pasó por la mente que fuera a suceder.
Este juicio se ha vuelto a celebrar tras anular el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la primera sentencia que condenó a dos acusados de acabar con la vida del joven pero por un delito de lesiones en concurso con otro de homicidio imprudente y también la resolución que absolvió a los otros dos procesados por encubrimiento, ordenando celebrar una nueva vista oral.
Los hechos sucedieron en abril de 2017. La víctima, Pablo Podadera, salió con unos amigos para celebrar sus 22 años y fueron a un local, donde estaban los acusados. Cuando el joven salió con un amigo, vio una fuerte discusión en la que estaban los acusados, por lo que medió, poniendo una mano en el torso de un joven, recibiendo golpes supuestamente por parte de algunos de los procesados, mientras que los otros presuntamente ayudaron a encubrir.
La Fiscalía y la acusación particular, en representación de la familia del joven, siempre han mantenido que se trató de un asesinato, por lo que el ministerio público solicitaba que se le impusieran 18 años de prisión para dos de los acusados de un delito de asesinato y dos años de cárcel para otros dos jóvenes por encubrimiento; mientras que la abogada de la familia elevaba a 20 años de prisión la petición de pena para los dos principales procesados y solicitó también dos años de cárcel para los otros dos.
