La Diputación rechaza instar al Parlamento a investigar la existencia de ayudas públicas a empresas en crisis

MÁLAGA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación Provincial de Málaga ha rechazado la moción del PP en la que solicitaban instar al Parlamento de Andalucía a la apertura "urgente" de una comisión de investigación sobre la presunta existencia de ayudas públicas concedidas a empresas en crisis, eludiendo los controles estipulados en la ley, a través de un sistema basado en un convenio, de 2001, por el que la Consejería de Empleo encomendaba al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) la gestión y el pago de estas subvenciones.

El voto de Salvador Pendón, en calidad de presidente de esta Administración, ha conseguido tumbar la iniciativa, que había resultado empatada con el voto a favor de IU. No obstante, Pendón se ha posicionado "como cualquier ciudadano" respecto a los ERE, "rechazando cualquier irregularidad que se haya podido producir". A su juicio, la ley "ha de actuar con el máximo rigor para sancionar esas irregularidades".

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado, ha indicado que "a lo largo de una década la Consejería ha transferido al IFA nada menos que 647 millones de euros, en una sucia operación en la que intervienen comisionistas-intermediarios completamente ajenos a la Administración autonómica, y beneficiando a personas a las que no les correspondía", todos ellos, "cercanos al PSOE".

El vicepresidente segundo de la Diputación, Miguel Esteban Martín (IU), ha coincidido con el PP en la necesidad de "depurar responsabilidades políticas" a través de una comisión de investigación, que el Parlamento ya ha negado, así como en solicitar la fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

A juicio del portavoz socialista en la Diputación, Jesús Mora, se trata de una moción "absolutamente política con un único objetivo de rédito electoral". Asimismo, ha señalado que la competencia de esta Administración al respecto es "cero", aclarando que el PSOE "respeta, acata y asume cualquier decisión judicial y actúa en consecuencia". Según ha subrayado, la Junta de Andalucía fue "la primera institución que denunció el ERE de Mercasevilla".

Además, ha indicado que el ERE es "una medida social excepcional", debiendo pagar las personas que han abusado de ella "sean del partido que sean". Así, se ha referido a los 'populares' para afirmar que "siempre piden lo contrario de lo que hacen", y se ha preguntado "cuántas comisiones se han pedido en el Ayuntamiento de Málaga y no se ha hecho ninguna", según Mora.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Por otro lado, en la sesión plenaria de este martes La Diputación ha convertido en institucional la moción presentada por el PP en la que se insta a la Consejería de Educación a ampliar la oferta formativa en los centros educativos de los municipios de la provincia donde se imparten enseñanzas de Formación Profesional (FP), con el objetivo de resolver "el bajo nivel de cualificación de la mayor parte de nuestro capital humano" y de alcanzar los de otras regiones españolas y países del entorno.

No obstante, el portavoz del PSOE ha precisado que esta ampliación debe hacerse teniendo en cuenta las dificultades socieconómicas de la provincia y no de un pueblo en particular, así como las peticiones de los propios centros. Por tanto, a juicio de Mora, se trata de una moción "más genérica y ambiciosa" de la que pedían los 'populares'.

VALLE DEL GUADALHORCE

También se ha dado luz verde a la moción institucional por la que, a instancias del PP y con el apoyo del PSOE, la Diputación instará al Ministerio de Fomento a desbloquear la construcción de viviendas en el Valle del Guadalhorce y en todos los municipios malagueños incluidos en las servidumbres aeronáuticas, los de Cártama, Pizarra, Álora, Alhaurín de la Torre y la capital, entre otros.

Por su parte, Mora ha asegurado que los gobiernos socialistas de Álora, Cártama y Pizarra alcanzaron un acuerdo, tras dirigirse tres veces al Ministerio de Fomento y realizar diversas gestiones con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, por el que, en un máximo de cuatro semanas, recibirían respuesta a todos los expediente que les planteasen. Por tanto, el PSOE exige que se acorte dicho plazo "en lo máximo posible".

Por otro lado, el PSOE también ha apoyado la moción presentada por el PP y por la que la institución provincial instará al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a invertir en proyectos y actuaciones del plan de reforestación en la provincia, en cumplimiento con los planes pendientes y el Protocolo de Kioto; al mismo tiempo que pedirá la solicitud urgente al Estado de fondos para proyectos verdes y de reforestación en Málaga.

Sin embargo, se ha rechazo la moción de IU --ha contado con el apoyo del PP-- en la que reclamaban la eliminación del alquiler del nuevo contador que las compañías están obligadas a instalar, de acuerdo con el plan de renovación vigente; así como la anulación de la subida tarifaria eléctrica, que ha calificado de "inaceptable, desorbitada y fraudulenta".

PROGRAMA DE TELEASISTENCIA

En otro orden de cosas, el Pleno ha aprobado la renovación del convenio de colaboración suscrito por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso) y la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo del programa de Teleasistencia Domiciliaria, que, para el ejercicio 2011, contará con una inversión de 922.033 euros, de los que el Imserso aporta el 65 por ciento y la Diputación, el 35 por ciento.

Asimismo, ha aprobado nuevas actuaciones de rehabilitación en distintas casas cuartel de la Guardia Civil, derivadas del convenio de colaboración suscrito con el Ministerio del Interior, a través de una partida de 480.000 euros, de los que la Diputación aportará el 50 por ciento; así como los nuevos planes de concertación para el periodo 2012-2015, como continuidad a un nuevo modelo de relación con las entidades locales de la provincia que el ente supramunicipal puso en marcha en 2008.

No obstante, los socialistas han defendido que "la gran subida" de la materia prima ha incidido en el precio de la energía, "del que no tiene competencia ningún gobierno", y, respecto al segundo componente de la tarifa eléctrica, el peaje del uso de la red, Mora ha señalado que el Gobierno central lo ha congelado y ha puesto en marcha un bono social para proteger a determinadas personas.

RUEGOS Y PETICIONES

El PP ha solicitado al presidente de la Diputación y al del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, Francisco Márquez, en la fase de ruegos y peticiones del pleno, que revisen las tasas de acceso a derecho de exámenes a las nuevas plazas, que ellos mismos apoyaron y que fueron publicadas el pasado 7 de febrero en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), según el portavoz 'popular'.

Por tanto, las tasas, que oscilan entre los 90 y 60 euros, fueron aprobadas por unanimidad de todos los partidos, pero, tras revisar el estudio económico financiero, los 'populares' han concluido que "podemos bajar estas tasas". Según Salado, las quejas han llegado hasta los defensores del pueblo y del ciudadano, José Chamizo y Francisco Gutiérrez, respectivamente, ya que, son "abusivas".

Así, el gasto total de realización de estas pruebas asciende a 350.000 euros, pero, sin embargo, el portavoz 'popular' ha asegurado que se pueden reducir si se cambia el sitio de celebración, en lugar del Palacio de Ferias y Congresos, cuyo precio asciende a 99.000 euros; el mobiliario, a 20.000 euros; las dietas, a 43.000 euros y la contratación de personal, que supone un total de 30.000 euros.