MÁLAGA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de Canillas de Aceituno José Manuel Aranda ha aceptado una pena de multa y de inhabilitación por un delito urbanístico, tras reconocer los hechos por los que era acusado en relación con la concesión de varias licencias para viviendas en suelo no urbanizable. Hay otros dos procesados, el promotor de las obras y la directora técnica de las mismas.
El exregidor se ha mostrado conforme con la modificación realizada por la Fiscalía al inicio del juicio, con lo que ha aceptado 3.240 euros de multa y 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público por delitos de prevaricación urbanística. Aranda ha reconocido los hechos, pero ha señalado que nadie le dijo de la nulidad de las licencias.
Para los otros dos acusados, el ministerio fiscal ha mantenido la acusación por delitos contra la ordenación del territorio. Los abogados de éstos han planteado la prescripción de algunas de las licencias otorgadas. La vista oral se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital malagueña.
Así, la técnico de las obras ha señalado que se limitó a actuar en función de permisos ya dados por el Ayuntamiento. "Hago una vivienda adecuada a una licencia que ya fue concedida con un proyecto básico que no hice", ha señalado, admitiendo que sí le llamó la atención 15 casas supuestamente con fines agrícolas para el mismo promotor, pero que se centró en la licencia original ya autorizada.
Por su parte, el constructor ha dicho que no sabía la calificación del suelo, sino que compró la finca y fue al Ayuntamiento a decir que quería hacer viviendas, las cuales quería vender sin especificar si estaban vinculadas a una explotación agrícola. "Le dije al alcalde si podía hacer casas en el campo y me dijo que sí", ha asegurado el acusado, quien ha afirmado que "estaba tranquilo haciendo mi obra porque estaba respaldado por el Ayuntamiento".
"En ningún momento se me dijo que era ilegal porque en ese caso no lo habría hecho", ha declarado, al tiempo que ha señalado que "el dinero --lo que tenía que pagar por las licencias-- me lo cogían inmediatamente". Ha dicho sentirse "muy engañado" por parte del Consistorio porque le dejaron construir y luego le paralizaron varias casas, hasta el punto de que ha pedido una indemnización o que se las dejen acabar.
LOS HECHOS
Según la acusación pública, en 1999 el exregidor concedió por decreto licencias de viviendas solicitadas por el promotor acusado "a sabiendas de que contravenían frontalmente la normativa vigente aplicable en el municipio", ya que el suelo era no urbanizable, lo que se hacía constar en los informes de la secretaria en relación a algunas de ellas.
Asimismo, en 2002, autorizó al mismo promotor, según el ministerio fiscal, la segregación de parcelas relacionadas con las licencias anteriores, también por decreto, "haciendo caso omiso a los informes de la Secretaría de la Corporación que especificaban con toda claridad la prohibición de parcelaciones urbanísticas o segregaciones en suelo no urbanizable".
