El letrado de uno de los acusados cree que fue un proceso "cuasi inquisitorial" y las defensas piden la nulidad de las actuaciones
MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero aseguró hoy que la instrucción del caso 'Ballena Blanca' fue "correcta" desde el punto de vista procesal y defendió la actuación del juez que se encargó de esta investigación, Miguel Ángel Torres, de quien dijo "no fue alguien predeterminado" para esta causa. Además, indicó que en este caso se partió de hipótesis basadas en "indicios objetivos" y "hechos contrastados".
El representante de la acusación pública respondió así a las alegaciones presentadas ayer y hoy por las defensas de los 19 acusados en este caso contra el blanqueo de capitales, que en ambas sesiones se basaron en la vulneración de derechos o supuestas irregularidades en la instrucción, al considerar que la causa no le correspondía al juez que la instruyó o que se llegaron a producir detenciones "ilegales".
En este sentido, López Caballero indicó que estas afirmaciones "exceden con mucho el derecho de defensa" e insistió en que al instructor le correspondió esta causa "según las normas de reparto en ese momento", añadiendo que ni él ni los investigadores conocía al juez cuando comenzó la instrucción. Así, apuntó que si "el primer elemento en el que se basa esto, que suena claramente a teoría de la conspiración, desaparece, todo se resiente".
Reiteró que el proceso ha tenido "las suficientes garantías", al recordar que todas las resoluciones fueron debatidas a través de recursos de los abogados; y apuntó que la complejidad de la materia "requería la utilización de medios especiales de investigación", como las escuchas o los arrestos. También señaló que "no cabe alegar deber de secreto profesional que evite la investigación de una conducta presuntamente delictiva".
Los abogados que intervinieron hoy con sus cuestiones previas pusieron en duda el proceso que, según el letrado José Carlos Aguilera, que representa a uno de los notarios acusados, fue "cuasi inquisitorial" e "impropio de un Estado de Derecho" hasta llegar a ser, en su opinión, "lo que no debe ser un proceso constitucional que nos traslada a otros tiempos lejanos". Dijo que hubo "extralimitación de un poder del Estado".
En este sentido, afirmó que el órgano judicial se convirtió "en el mayor peligro de la libertad individual", asegurando que se vulneró este derecho, y criticó las detenciones "indiscriminadas", pues "de los 31 detenidos en un principio sólo se sientan en el banquillo 15". Además, consideró que los arrestos produjeron un daño "irreparable" a las personas que lo padecieron, por lo que supone una vulneración "escandalosa y flagrante".
"Es el mundo al revés, la detención se convierte en la regla en lugar de en la excepción", apuntó el letrado, quien dijo que se debería haber citado a estas personas, algo que también apuntó el abogado de la otra notaria acusada, quien se cuestionó "si era o no necesaria la detención para preguntarle si había autorizado la creación de 116 sociedades", indicando que se hizo por "fines ajenos a la instrucción", ya que "luce mucho si hay notarios" detenidos.
MEDALLAS
Por otro lado, este letrado recordó que presentó una recusación contra el juez Torres que no fue tramitada porque el instructor cesó en su puesto. El abogado señaló que el magistrado "revelaba en sus resoluciones perjuicios contra los notarios en general y contra mi cliente en particular", contestando a los autos con "manifestaciones que revelaban animadversión profunda". El instructor, apuntó, "tenía manía" a su patrocinada.
La defensa de otro procesado, dirigida por el letrado José Antonio Choclán, criticó la posible "parcialidad" del instructor y del fiscal por las condecoraciones, recibidas por parte de la Policía, por su participación en los casos 'Ballena Blanca' y 'Malaya', que, a su entender, el juez "no debió aceptar".
Señaló que esto "creó dudas sobre su imparcialidad, que se traducen en indefensión efectiva", ya que, apuntó, "hubo indiferencia absoluta a los planteamientos de las defensas, criticando que en este proceso "no hubo diligencias de pruebas sólo hechos policiales" y que "no les haya interesado buscar la verdad" en una causa con "opacidad", que "ha supuesto una clara desventaja a las defensas".
A este respecto, el fiscal consideró que traer a colación la entrega de esas medallas "resulta un argumento a rechazar", ya que, recordó, "fue muy posterior a la incoación del procedimiento". En el mismo sentido se pronunció la abogada del Estado, quien entendió que son "afirmaciones carentes de elemento probatorio" y se preguntó "qué indefensión" supuso a las partes.
Por otro lado, esta acusación, al igual que el fiscal, recordó que el secreto profesional "no es un derecho absoluto", recordando que las excepciones que plantea la normativa europea al respecto es el asesoramiento en juicios o previo a estos procesos, pero siempre desde el ejercicio de la defensa.
Tanto el fiscal como una de las defensas solicitaron que se envíen comisiones rogatorias relacionadas con sociedades del caso. El juicio continuará mañana con la proposición de pruebas por parte de las partes.
