IULV-CA se muestra satisfecho con la decisión de la Junta sobre los terrenos del Algarrobico

MÁLAGA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía ha mostrado su satisfacción ante la decisión de la Junta de Andalucía de ejercer el derecho a retracto sobre los terrenos sobre los que se ha edificado el hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).

Así lo ha manifestado este jueves en rueda de prensa su portavoz, José Antonio Castro, quien ha declarado que esta decisión ha sido una "prioridad" y una "exigencia permanente" de la coalición de izquierdas, y que la parlamentaria almeriense Rosalía Martín ha defendido en los dos últimos plenos.

En este sentido Castro ha manifestado que la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, "ha cogido el norte", y la ha felicitado señalando a su vez que el próximo paso supone la demolición del hotel.

Castro ha insistido en que "el símbolo de la especulación y manipulación que hizo la Junta de Andalucía y los ayuntamientos implicados, que modificaron el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, finalizará cuando la demolición de este edificio sea una realidad".

En este sentido, el portavoz de IULV-CA ha calificado de "barbaridad" el precio al que podría ascender la indemnización a la empresa Azata del Sol, que pasaría de los 16 millones que aproximadamente le ha costado la edificación del hotel a los 80 millones de euros.

A este respecto, el grupo parlamentario de IU ha defendido que "se le dé mucho menos dinero", y que en el caso de que los tribunales le den la razón a la Junta de Andalucía, "no se les pague nada". "No hay que beneficiar a esa empresa que bastante se ha beneficiado ya, dándole el derecho a especular en un parque natural", ha concluido el portavoz.

Por otra parte, IULV-CA ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos gobernados por el PP que adscriban a sus empresas municipales de vivienda municipales al Plan de intermediación del Mercado de Alquiler de Viviendas (PIMA) de la Consejería de Fomento y Vivienda.

"No puede ser que se pongan en venta a fondos buitres por cuatro duros, como otros muchos ayuntamientos del PP en otras comunidades, es un crimen contra el derecho a la vivienda", ha subrayado Castro, que ha explicado que la coalición pretende que los ayuntamientos pongan su stock de Viviendas de Protección Oficial (VPO) al servicio de un alquiler accesible a rentas básicas, y que éstos se acojan a dicho plan.