Jiménez lamenta no poder explicar en la comisión de Limasa la investigación de facturas

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha dado cuenta del informe interno abierto en Limasa tras detectarse la existencia de supuestas irregularidades en algunas facturas por parte de un trabajador. En total se estima que la cantidad defraudada podía ascender a 9.434,90 euros. Ante ello, el edil ha lamentado no haber podido informar directamente a los miembros de la comisión de investigación de Limasa, al haber rechazado el resto de grupos municipales su petición de intervenir en la próxima sesión del 21 de julio.

Así, Jiménez ha expresado su extrañeza, "en aras a la transparencia en todo este tipo de sucesos", por no poder informar directamente en la comisión de investigación de Limasa y "poner luz y taquígrafos a todo lo que ha sucedido".

Para Jiménez, esto "es una muestra más de que la comisión de investigación de Limasa no es otra cosa que un círculo mediático donde realmente no se quiere investigar y aprender; y lo único que se ha querido desde el principio es hablar de modelo y cuestiones totalmente ajenas a la gestión de la empresa y para mejorarla, que es para lo que debería valer esta comisión de investigación".

INVESTIGACIÓN

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental ha indicado que la investigación abierta ha sido realizada por una empresa externa a Limasa, "para garantizar su independencia", y sus conclusiones han confirmado la existencia de "indicios irregulares" de algunas facturas, al presentar "precios superiores al ofrecido por determinados proveedores de compras de materiales y aprovisionamientos, como consecuencia de actuaciones presuntamente ilícitas por parte del personal de la empresa".

En total se estima que la cantidad defraudada podría ascender a 9.434,9 euros, importe alcanzado mediante pequeños incrementos de las cuantías abonadas por Limasa a los proveedores con los que se cree que el investigado estaría en connivencia.

Jiménez, quien ha incidido en que el trabajo se ha realizado de forma exhaustiva, ha explicado que, entre otros, se ha llevado a cabo una intervención y clonado de teléfonos móviles, ordenadores y cuentas de correo electrónico corporativo de varios empleados; se han realizado entrevistas con estos trabajadores "para recabar su versión sobre los hechos objetivos de la investigación" y también un seguimiento especial a varios empleados relativos al procedimiento de abono de facturas a proveedores de material de aprovisionamiento.

Por otro lado, ha explicado que Limasa tiene un sistema interno de verificación de facturas y "un empleado fue el primero que dio la voz de alarma de que algo no cuadraba", por lo que comenzaron las investigaciones, primero de manera interna, y "se comprobó que algunas facturas no estaba perfectamente cuadradas".

Tras ello, ha proseguido Jiménez, "se habló con el proveedor, cuya facturas no cuadraban" y fue éste quien, no a primera instancia, sino a segunda y tercera, quien, al final, acabó contando lo sucedido.

Así, ha detallado, el 27 de junio se comprobó como un empleado de Limasa abandonaba su domicilio familiar en un municipio de la provincia de Málaga para dirigirse al campo de fútbol de esa localidad conduciendo un vehículo todoterreno, que aparcó en las inmediaciones de la instalación deportiva. Posteriormente, apareció una furgoneta, que tenía un logotipo correspondiente a uno de los proveedores habituales de Limasa, de la que se bajó el proveedor y entregó al empleado en mano un sobre blanco, quien guardó el sobre y tras "un rápido intercambio de palabras" ambos abandonaron la zona de "forma apresurada".

"El trabajo se ha realizado de forma muy exhaustiva, hasta el punto de que se manejan datos como las matrículas de los vehículos utilizados en desplazamientos relacionados con estos hechos", ha indicado Jiménez. Este nivel de detalle ha sido posible gracias a la intervención de investigadores privados, así como a la colaboración de personas y empresas proveedoras de Limasa.

SUSPENSIÓN DE EMPLEO

Raúl Jiménez ha explicado que, de momento, Limasa ha abierto un expediente contra el empleado presuntamente responsable de estos hechos, cuya tramitación, ya que ahora mismo hay una propuesta de despido, finalizará previsiblemente con el correspondiente despido.

Asimismo, la entidad está pendiente de la evaluación final de los hechos, de cara al inicio de las correspondientes acciones judiciales en defensa de los intereses de Limasa. En principio, se está estudiando la posibilidad de que las irregularidades detectadas puedan ser constitutivas de un delito continuado de apropiación indebida, regulado en el artículo 253 del Código Penal, en su modalidad agravada, al haber sido presuntamente cometido abusando de la relación de confianza que Limasa tenía depositada en su empleado.

"Si la investigación continúa y se dan las circunstancias propicias, por supuesto que habrá una denuncia penal", ha señalado. Por último, ha explicado que "vamos a terminar de cerrar todas las vías de investigación que se han abierto, porque, por ejemplo, aún está estudiándose el contenido de los ordenadores que se han retirado y, después, lo que haya que hacer se hará".

Por todo ello, ha vuelto a lamentar que "todo esto no se haya podido explicar en una comisión de investigación de Limasa, que se supone que fue creada para estudiar la gestión o las dudas de gestión que pudiese haber sobre la empresa". Así, ha señalado que "nos han derivado que pudiéramos hacerlo después de agosto o por escrito".