El delegado territorial de Fomento y Vivienda destaca el carácter "paliativo" del programa que "se pone de parte de las familias"
MÁLAGA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, puesto en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, ha evitado en sus primeros dos años de funcionamiento un total de 1.265 desahucios en la provincia de Málaga, contribuyendo además a prevenir situaciones de riesgo de impago hipotecario y a paliar los efectos del desalojo en casos en que este ya se han producido.
Este programa, el primero de estas características puesto en marcha por una Comunidad autónoma, "da todo el apoyo institucional para que las familias que han perdido su empleo y se encuentran sin ingresos o en situación de precariedad no pierdan también su vivienda", ha explicado Manuel García Peláez, delegado territorial de la Consejería que dirige Elena Cortés. Así, ha subrayado el "carácter paliativo" del servicio público y gratuito que ofrecen las oficinas de este programa.
"La solución global y definitiva de los problemas de fondo exige la reforma de leyes de ámbito estatal con medidas como una quita hipotecaria para las familias y la regulación de la dación en pago y el alquiler social", ha defendido el delegado este domingo en un comunicado. Así, a su juicio, la solución depende del Gobierno central y de la mayoría en el Congreso, "que son los que pueden establecer normativas para acabar definitivamente con las agresiones del poder financiero".
En este sentido, el delegado ha subrayado que con el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda por primera vez un Gobierno autonómico "ha roto la neutralidad y se ha puesto nítidamente de parte de las familias frente a las entidades financieras en los procesos de desahucio".
"En estas oficinas lo que ofrecemos son soluciones de urgencia, atendiendo en primera línea situaciones críticas", ha añadido García Peláez, que ha subrayado que "los problemas estructurales de muchas de estas familias continúan incluso aunque se evite el lanzamiento, manteniéndose la situación de inseguridad y precariedad, por lo que no cabe confiarse en ningún momento".
EXIGE AL GOBIERNO QUE RETIRE EL RECURSO
Del mismo modo, García Peláez, que ha hecho balance de los dos primeros años de funcionamiento de la oficina en la provincia de Málaga --entre octubre de 2012 y octubre de 2014-- ha vuelto a exigir al Gobierno la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Función Social de la Vivienda, "la única ley aprobada en España que evitaba desahucios y especulación". "Ese recurso provoca desahucios cada día", ha apostillado.
Al respecto, el delegado ha recordado que, mientras esté recurrida ante el Tribunal Constitucional la Ley de Función Social de la Vivienda y a la espera de sentencia, la Consejería no puede continuar realizando expropiaciones de viviendas a los bancos para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social, una medida que se aplicaba en el marco de la fase de protección de este programa.
Durante los primeros dos años de funcionamiento de este servicio en Málaga, el programa ha intermediado en 1.265 casos. "En esta fase atendemos a familias que acuden a la oficina en riesgo de desahucio y que gracias al trabajo de mediación ante las entidades financieras siguen en sus casas, evitándose así su desalojo", ha subrayado el delegado.
La parte fundamental del programa es precisamente la intermediación, ya que los afectados acuden a ella sobre todo solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios.
En este contexto destacan fórmulas como las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras medidas encaminadas a paralizar el lanzamiento, en permanente comunicación con juzgados y entidades bancarias.
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
El resto de expedientes abiertos en Málaga se corresponde con las fases de prevención, con un total de 443; y de protección, con 183 casos tramitados. En la fase de prevención, la atención se presta en un momento inicial, cuando aún no existe morosidad.
De este modo, es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no poder pagar las cuotas hipotecarias o las rentas en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones.
"Cada vez más los ciudadanos quieren toda la información antes de firmar o tomar cualquier decisión, tanto en el caso de la compra como del alquiler", ha afirmado García Peláez, considerando que "eso es un indicio muy positivo".
No obstante, el delegado territorial de Fomento y Vivienda ha insistido que "es fundamental informarse a fondo, sobre todo antes de la firma de una hipoteca". "En la oficina hemos comprobado que aún existen cláusulas abusivas en muchos contratos, una práctica que debería estar ya totalmente erradicada", ha advertido García Peláez.
Así, las oficinas proporcionan a estas personas información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda.
Por otro lado, las personas que demandan el servicio en la fase de protección, tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda, "por lo que inevitablemente el programa tiene ya menos recursos y posibilidades para atender la situación".
La Consejería que dirige Elena Cortés emplea en estos casos todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos adheridos al programa, que son "piezas fundamentales del trabajo realizado".
Así, se presta asesoramiento para realizar la solicitud de viviendas en los registros de demandantes municipales, median ante las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones conjuntas.
El programa informa además de las ayudas al alquiler de la Consejería en 2015, que sumará tres líneas de apoyo de 26,5 millones de euros en total.
