ESTEPONA (MÁLAGA), 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal ha renunciado a realizar las nueve vistillas solicitadas para estudiar la posible imposición de medidas cautelares a otros tantos imputados en la operación 'Astapa', contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Tan sólo se mantiene la petición del empresario local Ángel González, si bien no se ha fijado fecha, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
De este modo, no se adoptarán medidas cautelares contra el que fuera alcalde accidental, el andalucista Rafael Montesinos, a quien se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Tampoco se pedirán medidas cautelares para el secretario municipal, Gustavo Rubio, al que se le imputan los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
De igual manera, el fiscal ha renunciado a las vistillas solicitadas para estudiar los casos del gerente de Urbanismo, Juan Manuel Ramos; el miembro del Gabinete de Alcaldía Francisco Alberto; el arquitecto municipal Tomás Álvarez de Lara; el abogado Ignacio Pérez de Vargas, el militante socialista Ángel Montero, y Manuel Simón.
A Ramos se le imputan los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, mientras que en el caso de Francisco Alberto, la jueza le imputa cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
En el caso del arquitecto municipal Tomás Álvarez de Lara, los delitos que se le imputan son prevaricación, cohecho, actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad y blanqueo, mientras que a Ángel Montero se le acusa de cohecho y blanqueo de capitales y a Manuel Simón, de cohecho. Finalmente, en el caso del abogado local Ignacio Pérez de Vargas, los delitos imputados son cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.
De momento, ya hay 40 imputados en el marco de la operación 'Astapa', de los que cinco se encuentran en prisión, 15 en libertad sin medidas cautelares, uno pendiente de vistilla y otro a la espera de declarar ante la jueza, Juan Manuel Garmendia, de la Kutxa. Para los otros 18 Isabel Conejo determinó libertad bajo fianza.
