MÁLAGA 16 May. (EUROPA PRESS) -
El juez del caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Miguel Ángel Torres, impuso el pasado mes de abril a Montserrat Corulla, presunta testaferro del considerado cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el pago de 50 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan producirse en esta causa.
El instructor indica que dicha fianza es "bastante" y está "ajustada", atendiendo a los recursos "que se han movido en cada una de las sociedades" presuntamente vinculadas a Roca y relacionadas con la imputada, recordando, en el auto incluido en el sumario al que tuvo acceso Europa Press, que el Palacio de Tepa se vendió en una operación "en la que intervino Corulla" en más de 31 millones de euros".
Es más, consideró esta cantidad "prudente", por lo que añadió que será "más que probable que se incremente a lo largo de la causa" y le dio un plazo de un día para hacer frente al pago. Asimismo, acordó el bloqueo y embargo preventivo de las cantidades abonadas a ésta por su intermediación en la venta del Palacio de Tepa, así como un pagaré. Estas dos medidas fueron solicitadas por el fiscal.
Para el magistrado, Corulla, como administradora de sociedades como Condeor, San Mateo Palace, o Palacio de Villagonzalo, "ha venido realizando durante los últimos años de forma continuada actividades tendentes a introducir en el mercado económico fondos de procedencia ilícita de Roca". "Era de las personas que Roca utilizaba como presunta testaferro para ocultar las cantidades millonarias", apunta.
El juez considera que el presunto cerebro de la trama quiso profesionalizar la organización, dirigida por él y por el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, contratando a Corulla y a Gonzalo Astorqui, también imputado; al frente de las principales sociedades vinculadas a Roca.
Del sumario se desprende que esta abogada, recibió un total de 178.118 euros procedentes de empresas vinculadas al cerebro de la trama de corrupción. Así, por parte de Maras Asesores percibió 7.600 euros en 2001 y 27.789 en 2002, cobró de Palacio Villagonzalo S.L. un total de 1.300 euros en 2002, 50.500 euros en 2003 y 61.153 en 2004; mientras que Condeor S.L. le pagó 9.112 euros en 2003 y 20.664 en 2004.
El instructor ya determinó el pago de una fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias para los seis abogados del despacho Sánchez Zubizarreta, a los que se les imputa un delito de blanqueo. En aquel caso la cantidad impuesta, también solicitada por el fiscal, fue de 100 millones de euros cada uno, al basarse en la valoración de algunas de las propiedades de Roca, el capital social de distintas sociedades y el importe del presupuesto de ejecución de ciertas promociones inmobiliarias.