Opina que la posición del gobierno andaluz "se asemeja más a la de tener un cierto grado de responsabilidad en la situación creada"
MÁLAGA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez que investiga el caso 'Malaya' contra la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Miguel Ángel Torres, entiende que la Junta de Andalucía "no es perjudicado en este procedimiento, sino que en atención a sus amplias competencias, en particular en materia de urbanismo, su situación está más próxima al responsable civil" e incluso añade "con una posición que se aproxima conceptualmente al partícipe a título lucrativo como beneficiario de los ingresos tributarios de todas las licencias ilegales concedidas hasta las detenciones en la presente causas".
El magistrado dice que la posición del gobierno andaluz "se asemeja más a la de tener un cierto grado de responsabilidad en la situación creada en Marbella, en atención a las amplias competencias y facultades que ostenta". Coincide con el fiscal en que la Junta "no puede ser ofendida por los delitos objeto de la presente causa en tanto no es titular de los bienes jurídicos afectados", de forma que, según explica, "no existen en estos delitos ofendido por los mismos como tal, sino la colectividad en general".
Así, señala, en un auto de noviembre del pasado año, incluido en la parte del sumario no declarada secreta desde ayer y a la que tuvo acceso Europa Press, que no se deniega al gobierno andaluz el derecho a personarse en la causa, "lo que puede hacer en cualquier momento como acusación popular", sino que, precisa, lo que "se rechaza con rotundidad es que la Junta ostente la condición de ofendida o perjudicada en la presente causa".
El instructor estima que los gastos derivados de asumir las competencias en materia de urbanismo no pueden repercutir en los imputados puesto que considera es una decisión "de carácter político" y añade que tampoco pueden ser responsables "de que se haya decidido constituir una gestora, ni de que después de años de denuncias y escándalos se haya decidido disolver el Ayuntamiento".
Tras este auto, el equipo jurídico de la Junta presentó en diciembre de 2006 un escrito solicitando su personación como acusación popular, mientras se resuelve el recurso de apelación presentado contra el rechazo a ser acusación particular. El fiscal Anticorrupción emitió un informe el 18 de enero en el que decía no tener "nada que objetar" a la pretensión del gobierno andaluz de ser acusación popular, personación que fue aceptada por el juez Torres el 22 del mismo mes.
