Málaga.- Mari Luz.- Suspendidas unas 1.000 actuaciones por el paro de los secretarios judiciales, secundado por el 96%

MÁLAGA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 96,19 por ciento de los secretarios judiciales de Málaga secundó hoy el paro de tres horas --de 10.00 a 13.00 horas-- convocado a nivel nacional por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, que en la provincia supuso la suspensión de unas 1.000 actuaciones judiciales, entre juicios --unos 500--, comparecencias, declaraciones o subastas.

De los 131 secretarios judiciales de la provincia, 126 siguieron los paros, es decir, 78 de los 81 de la capital, lo que supuso un 96,29 por ciento, y 48 de los 50 de los partidos judiciales, con un seguimiento casi total, a excepción de Ronda, según indicó el delegado en Málaga del Colegio Nacional de Secretarios, Fermín Villarrubia.

Éste mostró su satisfacción por el seguimiento "masivo" y calificó la convocatoria de "éxito rotundo". Así, precisó que sólo han estado en servicios mínimos los secretarios de los juzgados de guardia, tres en la capital y uno por cada partido judicial de la provincia, que, aunque han estado trabajando, constan como si hubieran seguido el paro "porque así lo han manifestado".

Los secretarios de la capital se concentraron a las 10.00 horas en la puerta de la Ciudad de la Justicia para "llamar la atención de la opinión pública y que se sepa que lo que ha pasado no es consecuencia de una actitud negligente de un secretario judicial en particular, sino que podría pasarle a cualquiera de España con los medios de que disponemos", por lo que reclamaron más medios humanos y materiales y reformas legales, como la oficina judicial.

En este sentido, explicó que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la ejecución de las sentencias "corresponderá a los secretarios, pero a día de hoy las reformas legales necesarias para que sea así no están aún aprobadas, lo que quiere decir que la competencia absoluta la tienen los jueces, magistrados o el Tribunal".

"De ahí la injusticia de volcar en el secretario una responsabilidad que no es suya", señaló el portavoz de los secretarios judiciales en referencia a la sanción impuesta a la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla con motivo del caso 'Mari Luz'. Además, hizo un llamamiento a la opinión pública "para que inste a las administraciones a que aporten los medios para poder prestar un servicio de justicia de calidad como se merece el ciudadano".

Asimismo, esperó que este paro sirva para que "desde el Ministerio de Justicia se den cuenta de que no se trata de actuaciones individuales, sino de una absoluta carencia de medios y de desarrollar las reformas legales necesarias" y para trasladar a la sociedad "que por mucho que trabajásemos, lo que ha pasado le puede pasar a cualquiera".

LOS JUECES

Por su parte, los jueces de todos los partidos judiciales de la provincia se reunieron en junta general. Así, en la de Málaga se acordó que a partir de hoy se sellarán los asuntos que excedan el módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cada jurisdicción con el fin de "hacer constar el exceso de trabajo" y anunciaron que "si a final de año no se han comenzado a dar pasos concretos y significativos en la dirección de alcanzar los objetivos planteados, realizaremos nuevas acciones de protesta".

Entre éstas, "no se descarta ejercer el derecho a huelga, derecho constitucional de cuyo ejercicio entendemos que no estamos excluidos los jueces", apuntaron en un comunicado aprobado por unanimidad y leído por el juez decano, Manuel Caballero Bonald, que compareció ante los medios de comunicación arropado por la mayoría de los jueces de la capital.

Otra de las posibles medidas será limitar el reparto de asuntos a dichos módulos "que en Málaga ya están superados en todas las jurisdicciones". En este punto, el juez decano destacó especialmente el único Juzgado de lo Mercantil, que tendrá "difícil solución" a pesar de que el próximo año se cree el segundo, debido a la "congestión" que tiene ya.

Los jueces volvieron a denunciar la sobrecarga de asuntos que padecen los órganos judiciales de Málaga y reiteraron la necesidad de crear juzgados para equiparar la ratio de España de 10 jueces por cada 100.000 habitantes a la que tienen otros países como Alemania, con 24 o Grecia, con 17 jueces. Además, insistieron en más personal, por lo menos aumentar a 10 los funcionarios en los juzgados de lo Penal, pero de forma permanente y no coyuntural.

Estas reivindicaciones son, según Caballero Bonald, "de siempre", por lo que incidió en que la protesta "no persigue fines corporativos y no es un paro ni una huelga encubierta". Además, instaron a la configuración definitiva de la oficina judicial, puesto que la actual es "del siglo XIX", y pidieron a las administraciones "respeto a la independencia" del Consejo, al que también reclamaron iniciativas para que los jueces "podamos desarrollar nuestro trabajo en condiciones adecuadas".

Al órgano de gobierno de los jueces le exigieron, además, "que ejerza sus funciones con total independencia del poder ejecutivo, especialmente en materia de nombramientos y en la potestad disciplinaria", denunciando "las continuas injerencias" del Ejecutivo en la designación de los vocales del Consejo y en las recomendaciones sobre la sanción al juez Rafael Tirado, y que articule mecanismos para que "exista una comunicación fluida entre los miembros del Consejo y toda la judicatura, especialmente la de base".

MEDIDAS DE PRESIÓN MÁS CONTUNDENTES

Los magistrados de la Audiencia Provincial también se reunieron hoy en junta general y aprobaron de forma expresa el comunicado emitido por los presidentes de las audiencias provinciales de España en la reunión de la pasada semana en Murcia. Anunciaron que "esta unánime movilización de los integrantes del Poder Judicial debe persistir en lo sucesivo, estando dispuestos a adoptar nuevas medidas de presión más contundentes".

Expresaron también su rechazo a las "manifestaciones e injerencias" de responsables políticos "que exceden de lo que es una crítica razonable, enturbiando las reglas democráticas y la correcta separación entre los distintos poderes del Estado". Confiaron en que el Consejo tome sus decisiones "de forma libre e independiente" y reiteraron su compromiso "para colaborar institucionalmente en la mejora de nuestra administración de justicia".

Finalmente, recordaron "los fallos y carencias del sistema judicial español, especialmente la sobrecarga de trabajo, la falta de modernización y la defectuosa gestión pública". "Los jueces no pueden ser utilizados para encubrir las deficiencias de una organización con dificultades para ofrecer una tutela judicial efectiva", apuntaron en un comunicado.