MÁLAGA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde mañana a 12 presuntos miembros de una organización criminal, afincada a partir de 2003 en la Costa del Sol, y supuestamente dedicada al secuestro de marroquíes que se dedicaban al tráfico de hachís con el fin de apoderarse de dicha mercancía y trasladarla al sur de Francia para venderla, según la acusación de la Fiscalía de Málaga, que pide en total para todos más de 380 años de prisión.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, seis de los procesados, junto con otro que está declarado en rebeldía, formaban parte de un primer núcleo o grupo de nacionalidad francesa y origen argelino que "se conocían y se venían dedicando en su país a diferentes actos delictivos". Antes de instalarse en la costa malagueña, estuvieron en la zona de Tarragona.
Dicho grupo mantuvo en España "una infraestructura en la que cada uno de ellos tenía asignadas funciones específicas dentro de una dinámica delictiva amplia", siendo Benaissa D., alias 'Poto' y que se instaló en Marbella (Málaga), "la persona encargada de la dirección, planificación, determinación de objetivos y supervisión de las actividades, en las que participaban directamente", dice la Fiscalía.
Éste contactó con otros dos acusados, de origen marroquí, a los que propuso que le dieran información sobre conocidos traficantes de su nacionalidad que vendieran grandes cantidades de hachís, ya que ambos estaban afincados en España y conocían el entorno. Asimismo, contó con la colaboración de un español, "que conocía las actividades por haberse conocido en la prisión de Lérida", para alquilar casas como "refugio".
El relato de hecho comienza en septiembre de 2004 cuando el grupo quiso secuestrar a un marroquí en la barriada de Huelin, lo que fue frustrado por la presencia de una patrulla de la Policía, por lo que terminaron arrojando al hombre, que no ha sido localizado, a un contenedor tras propinarle una "gran paliza", señala el fiscal. Los procesados lograron huir a pesar de la persecución policial y luego se encontró el vehículo que era robado.
SEGUNDO INTENTO.
Días más tarde, se desplazaron a Cartagena (Murcia) porque había recibido información de una furgoneta cargada de hachís. Esa sustancia fue sustraída por miembros de la banda de otro hombre, conocido como 'El carnicero', que se convirtió en el nuevo objetivo de la organización; aunque este secuestro tampoco pudo llevarse a cabo en ese momento, pero sí en el mes de noviembre, tras concertarse una cita con el hombre a través de un intermediario.
En una casa entre Murcia y Alicante, le dieron una brutal paliza, "apaleándole y golpeándole con gran violencia" con un objeto contundente, llegando a dispararle con un arma corta a escasa distancia en diferentes zonas del cuerpo, según el escrito de la acusación pública, quien considera que se le sometió un "sufrimiento prolongado" para saber dónde tenía guardado el hachís.
Luego, lo llevaron moribundo a una casa de Casabermeja (Málaga), aunque el presunto cabecilla de la red cambió de opinión y decidió que lo abandonaran en el interior del maletero de un coche en una zona cercana al Pantano del Agujero, donde fue descubierto por un vigilante de la presa del Limonero "atado de pies y manos con cinta de embalar y en estado agonizante". Tras una mala evolución, falleció al día siguiente en el hospital.
A consecuencia de las vigilancias policiales, se realizaron varios registros domiciliarios en las casas utilizadas por los acusados en las localidades malagueñas de Benalmádena, Casabermeja y Rincón de la Victoria y en la granadina de Motril, donde fueron intervenidas diversas cantidades de droga y detenidos varios de los acusados, aunque el principal y otros dos fueron arrestados en Los Barrios (Cádiz).
El fiscal acusa de los delitos de asociación ilícita, que achaca a todos; secuestro, receptación, asesinato, tenencia de armas corta y prohibida y tráfico de drogas, según los casos. El presunto cabecilla de la red es el que se enfrenta a la pena de prisión más alta, en concreto, 54 años, por los nueve delitos de los que se le acusa. Tres de los presuntos integrantes, no procesados, se encuentran en rebeldía.
