MÁLAGA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha solicitado la pena de dos años y ocho meses de cárcel y multa de más de 6.800 euros para el director de una sucursal bancaria, al que acusa de desobedecer dos resoluciones dictadas por un juzgado de Málaga sobre el embargo de la cuenta corriente de otro acusado en este mismo procedimiento.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de la capital dictó un auto dentro de una pieza separada, en el que se acordaba el embargo preventivo de cuentas corrientes de un hombre para responder a los 11.609 euros reclamados en la demanda principal por un bufete.
En febrero de 2005, para que se hiciera efectivo dicho embargo acordado judicialmente, se libraron los oficios oportunos con la sucursal de la que era director el acusado y en la que el otro procesado tenía una cuenta y varios productos bancarios, según el relato inicial de la acusación pública.
Pero, "lejos de cumplir" con lo ordenado, el acusado "dispuso que tan sólo se transmitiera a la cuenta del juzgado la cantidad de 159 euros que estaba depositada en la cuenta corriente del otro, pero no los 6.000 euros que éste tenía depositados en la misma sucursal como garantía de un aval.
En abril, el juzgado volvió a requerir a la entidad bancaria que cumpliera con lo ordenado en cuanto a la retención del saldo en cuentas corrientes, libretas de ahorro y cualquier tipo de imposición del acusado, al que le fue notificada esta resolución. Se alertaba de que de no actuar se podría incurrir en un delito de desobediencia.
Antes de que la resolución fuera notificada a la entidad y "para hacerla inefectiva", el procesado titular de la cuenta, "contando con el necesario beneplácito del otro acusado", canceló el aval al que servían de garantía los 6.000 euros, de los que dispuso para hacer efectivas varias mensualidades impagadas del alquiler de su casa o adelantar otras.
Además, se efectuaron en la cuenta corriente hasta cuatro ingresos, por importe de 585 euros cada uno que el director de la sucursal "no trabó, a pesar de los dos requerimientos judiciales efectuados, permitiendo así que el acusado pudiera disponer de esos fondos en beneficio propio".
Así, el fiscal solicita dos años de prisión y multa de 6.480 euros para el titular de la cuenta por un delito de alzamiento de bienes, al igual que al director del banco, a quien acusa, además, de un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial, por el que pide ocho meses de cárcel.
En cuanto a la responsabilidad civil, se interesa que ambos restituyan al bufete la cantidad de 9.338 euros presuntamente defraudados, con los intereses legales, considerando el fiscal a la la entidad bancaria responsable civil subsidiario.
