MALAGA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y presunto cerebro de la trama de corrupción destapada en la operación 'Malaya', Juan Antonio Roca, negó hoy haber participado en la tramitación de expedientes urbanísticos y aseguró que hubo una "instrucción de Gil", ex alcalde marbellí fallecido, en la que se decía que las licencias de obras se dieran según la revisión del planeamiento que se estaba realizando, conocido como Plan del 98.
Roca fue citado a declarar como testigo a petición de la acusación particular que representa a Los Verdes en el juicio que se sigue en Penal número 2 de la capital contra Julián Muñoz y siete concejales por un delito contra la ordenación del territorio, al conceder una licencia para seis chales pareados sobre zona verde. Este fue trasladado desde la prisión a los juzgados de Málaga, donde llegó sobre las 09.00 horas, aunque su declaración, quinta del día, no comenzó hasta las 13.00 horas y se prolongó durante unos 20 minutos.
Así, declaró ante el juez que no elaboraba los listados o "cuadernillos" en los que se recogía si las licencias eran favorables o no "a la revisión" y afirmó que éstos se hacían cuando "los expedientes estaban conclusos" y que, posteriormente, eran remitidos a la comisión de gobierno del Consistorio para su aprobación. En este punto, rechazó tajantemente que desde la sociedad Planeamiento 2000, de la que, según dijo, era apoderado, se mandaran esas listas.
De hecho, indicó que dichos listados "se enviaban al Club Financiero", donde tenía su despacho Jesús Gil, antes de remitirlos a la comisión de Gobierno, ya que, según aseveró, el entonces alcalde "siempre" mantuvo las decisiones en materia de urbanismo, mientras que, a preguntas de uno de los abogados, que ha llevado alguno de sus pleitos penales, afirmó que él "nunca" tuvo facultades vinculantes en este sentido.
Además, precisó que los concejales conocían la instrucción de otorgar licencias según la revisión del plan, que fue acordada por Gil en una reunión con la asesoría jurídica, en la que, según dijo, estaba José Luis Sierra, abogado personal del alcalde. Indicó que los expedientes no tenían informes jurídicos, pero sí técnicos; y reconoció haber asistido a las reuniones previas de preparación de las licencias, aunque nunca advirtió de que no se podían otorgar según la revisión porque "no era yo la persona adecuada".
CONVENIOS Y PGOU
Roca admitió que sí participaba en la gestión de convenios urbanísticos y explicó que en la Oficina de Planeamiento, "como cualquier otra sociedad", contrataba a unos técnicos que hacían los informes preliminares y estudiaban las propuestas presentadas por los particulares a través de esos acuerdos, que se mandaban a pleno para su aprobación.
"Había una orden del alcalde de que todos los convenios aprobados se incorporaran al documento de revisión", según declaró el ex asesor de urbanismo a preguntas del fiscal.
Por su parte, el que entonces era abogado de Jesús Gil, José Luis Sierra, negó que fuera el asesor jurídico externo del Ayuntamiento y explicó que realizó un informe genérico, a petición del alcalde, para ver "cómo se concedían licencias mientras estaba la revisión". En este sentido, dijo que concluyó que "no se podían dar, según el Tribunal Supremo, a no ser que fuera con carácter provisional" y añadió que "nunca" fue a esas reuniones preparatorias.
Aseguró que ese informe no se adjuntó a los expedientes urbanísticos hasta que se presentó la primera querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción y negó haber realizado informes "respecto a si una licencia era legal o ilegal, porque nunca me lo pidieron". "Bastante tenía con mantener en libertad a Gil, como su abogado, como para hacer informes sobre licencias", dijo a los periodistas.
Por su parte, el jefe de Obras del Ayuntamiento, Francisco Merino, señaló que las licencias se informaban según el Plan del 86, aunque manifestó que desde un determinado momento, que no pudo precisar, se les pidió que "informáramos también sobre el 98". Respecto a Roca, señaló que "lo que decía --en las reuniones preparatorias-- no era vinculante".
Además, dijo que a Gil "le gustaba tener conocimiento de todo". "Tengo entendido que veía las listas de licencias que iban a las comisiones de gobierno", apuntó, coincidiendo con Roca en cuanto al papel del alcalde. Tanto éste como el secretario del Consistorio, Leopoldo Barrantes, imputado en el caso 'Malaya', que declaró como testigo, señalaron que no tenían conocimiento de la existencia del Plan del 68, válido para el fiscal.
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