MÁLAGA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía y abogados de ex ediles del GIL de Marbella (Málaga) imputados en casos de delito urbanísticos por concesión de licencias irregulares cerraron hoy el acuerdo de conformidad respecto a seis ex concejales de la primera corporación marbellí procesada por este tipo delictivo (1995-1999), como son Julián Muñoz, Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez, Dolores Zurdo y Marisa Alcalá, lo que supone su ingreso en prisión.
Según explicó a los periodistas el letrado de algunos de los ex ediles Ernesto Osuna, en la reunión de esta mañana con el responsable de la Fiscalía de Medio Ambiente malagueña, se concretaron los términos del acuerdo para estos ex concejales, que se ha mantenido tal y como se cerró inicialmente hace una semana, es decir, con penas de un año de cárcel --lo máximo que recoge el acuerdo global--, que no se podrán sustituir por multa, aunque se cumpla el triple de la pena máxima --es decir, tres años--, como marca la ley en delitos conexos; así como 10 de inhabilitación.
El abogado apuntó que las penas cumplidas hasta ahora por estos concejales por causas urbanísticas "deben computarles porque se trata del mismo tipo de delito y según la ley tiene que ser así"; y añadió que de hecho "está incluido en el pacto, aunque no se tendrá en cuenta nada que no sea el mismo tipo de causas", como por ejemplo el tiempo que algunos de los ex representantes municipales como Muñoz estuvieron sólo como presos preventivos por el caso 'Malaya'.
Precisó que en el encuentro se han tratado "los aspectos sobre cómo se va a instrumentar el pacto para que, dentro de las condiciones que ponía la Fiscalía que no han cambiado y se han respetado, fuera lo más favorable a la hora de la rapidez", al afirmar que "las personas afectadas quieren ponerse en paz con la justicia lo antes posible y reanudar sus vidas".
Así, esperó que se pueda poner en práctica después del verano, para el mes de septiembre. En este sentido, explicó que ahora habrá que hacer una lista de las causas pendientes, no sólo en los juzgados penales sino también en los de instrucción; comprobar que estos procedimientos se ajustan a los criterios de la ley y, posteriormente, aplicar el acuerdo, con un escrito de conformidad entre defensa y acusación, que se presentará en el juzgado correspondiente para que dicte sentencia.
Respecto a la segunda corporación del GIL, explicó que se ha aplazado hasta junio la continuación de las conversaciones para concretar el pacto que se les aplicaría, sobre el que "la Fiscalía mantiene su postura" de ingreso en prisión; mientras que los abogados pretenden llevar a cabo otras fórmulas. En el encuentro no se abordó la situación de los miembros de la tercera corporación, según explicaron a Europa Press otras fuentes.
Osuna valoró el acuerdo respecto a esta primera corporación y dijo que "desde todos los puntos de vista, creo que es un pacto que beneficia a la administración de justicia, al ciudadano, se respeta totalmente la legalidad y a las personas les beneficia en cuanto establece un horizonte cercano en cuanto a una seguridad de qué tienen que cumplir o cuándo lo tendrán que cumplir, y no pensar que tienen que estar 10 años celebrando juicios".
Aunque para estos casos de delito de prevaricación urbanística, la ley prevé penas de multa de 12 a 24 meses o prisión de seis meses a dos años, así como inhabilitación de siete a 10 años; el acuerdo marco contempla penas "de ingreso en prisión, sin que haya suspensión ni sustitución", en tres tramos de seis meses, nueve meses y un año de cárcel, así como inhabilitación de 10 años, por cada causa pendiente.
Para alcanzar este acuerdo, se ha tenido en cuenta que la ley impone la imposibilidad de cumplir más del triple de la pena máxima impuesta en delitos que tengan o puedan tener conexidad, como es el caso.
