Estiman que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación y coacciones
MÁLAGA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los cinco sindicatos policiales --SUP, CEP, UFP, SPP y SCP-- presentaron hoy una denuncia contra el Director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Miguel Ángel Fernández Chico, por el cese del inspector jefe del puerto de Málaga producido la pasada semana por retraso en la salida de un barco. Estiman que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación y coacciones.
En la denuncia, presentada en el juzgado de guardia de Málaga y a la que tuvo acceso Europa Press, se precisa que el inspector, en su calidad de responsable del puerto, dispuso el pasado 10 de julio "que el control sobre los pasajeros de entrada, en el trayecto marítimo Málaga-Melilla, se llevase a cabo de forma minuciosa y con todas las formalidades exigidas por el ordenamiento en vigor".
La salida de uno de los barcos tuvo un retraso de un hora, lo que "no es nuevo, al confluir en el actual filtro de entradas y salidas los pasajes", señala el documento, en el que se precisa que el mismo día el Director Adjunto Operativo transmitió telefónicamente al comisario provincial la orden "como consecuencia de las demoras" producidas, "dándole a entender que la ha de ejecutar con carácter inmediato, extremo absolutamente inusual".
Asimismo, se precisa en el escrito que se dejó entrever "que de no cumplirse las instrucciones impartidas telefónicamente, podrían tener consecuencias para él, ante lo cual, al comisario provincial no le quedó otro remedio que dictar el oficio comunicando el cese del inspector jefe", que, según se añade, "lleva desempeñando el puerto de trabajo desde hace tiempo y a plena satisfacción de sus jefes, siendo incluso felicitado públicamente".
En este sentido, el portavoz de la Unidad de Acción Sindical, José Ángel Fuentes, en representación de todas las organizaciones, explicó que el cese se produjo "de forma fulminante y a través de llamada telefónica" y que esto se produjo "por el simple y mero hecho de que cumplió escrupulosamente con las funciones que tiene encomendadas, es decir, efectuar un verdadero control de los pasajeros".
Así, indicó en declaraciones a los medios que el Director Adjunto Operativo "entendió esta actuación como potenciar la legítima actividad sindical dentro de la declaración de conflicto colectivo que tenemos". En el escrito se precisa que el denunciado "no tiene la competencia legal para cesar de forma fulminante a un funcionario" y se apunta a que pudo deberse "a razones espúreas tales como contrarrestar las medidas de presión".
Asimismo, entienden que existe coacción "toda vez que el comisario provincial no tenía intención de cesar al funcionario y no le quedó más remedio que llevarlo a cabo como consecuencia de la llamada telefónica". En la denuncia, se solicita, entre otras pruebas a practicar, que se tome declaración al director adjunto, al comisario provincial y al compañero cesado.
El representante sindical precisó que a raíz de que se tomara la decisión, tras este cese, de no realizar servicios extraordinarios ningún día de la semana, y no sólo dos como antes, "el puerto de Málaga se verá afectado y con ellos los ciudadanos porque funciona bastante bien por estos servicios", al tiempo que señaló que el aeropuerto de Málaga "es uno de los que más está notando el trabajo a reglamento" en toda España "con grandes colas y grandes retenciones".
CONFLICTO
Fuentes dijo que la visita hoy de los responsables sindicales a nivel nacional a Málaga es para "mostrar al compañero cesado total apoyo porque lo que hizo no constituye ningún motivo para que sea cesado ni suspendido", puesto que, además, se le abrió un expediente disciplinario. También transmitió a todos los funcionarios policiales que "las organizaciones sindicales a las que pertenecen están con ellos en la actuación diaria y más cuando hay unas medidas de presión legítimas".
Asimismo, pretenden "dejar claro al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al director general de la Policía y al director adjunto que no vamos a consentir que se coarte lo más mínimo los derechos sindicales que tienen los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía", apuntó el representante sindical, quien recordó que la Policía "tiene limitado el derecho de huelga, pero la ley orgánica nada dice de la declaraciones de conflicto colectivo".
Manifestó que desde que se presentó dicha declaración, el pasado 19 de junio, "no ha habido ningún contacto con el Ministerio", por lo que consideró que el ministro "no está asumiendo su responsabilidad y no está queriendo convocar el órgano de resolución de este conflicto colectivo". "Con su irresponsable actuación está perjudicando a muchos ciudadanos que se ven atrapados entre las pretensiones sindicales y su actitud de no convocar el órgano", dijo.
Fuentes señaló que los sindicatos esperan "que regrese la cordura al seno del Ministerio, que el ministro asuma que tiene un verdadero problema sindical planteado dentro del Cuerpo, que convoque el órgano de resolución y que allí lleguemos a los acuerdos a los que se pueda llegar".
Por último, aseguró que "evidentemente, el conflicto no se va a resolver sin la restitución a sus puestos de trabajo de todos los funcionarios que se vean afectados por las medidas de presión, porque no vamos a ir a ninguna mesa de negociación hasta que esa premisa se cumpla", puesto que, según precisó, "desde la Dirección Adjunta Operativa se está estudiando la posibilidad de abrir expedientes y cesar a más compañeros".
