Mantienen acusación para el exalcalde de Cómpeta por dar licencias irregulares

Actualizado 27/04/2016 17:08:51 CET

MÁLAGA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía de Málaga ha mantenido su acusación contra el exalcalde de la localidad malagueña de Cómpeta Leovigildo López por la concesión de cinco licencias a un mismo promotor para la construcción de otras tantas viviendas unifamiliares ubicadas en suelo no urbanizable, según han asegurado a Europa Press fuentes judiciales.

   El última sesión del juicio se ha celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga. El fiscal acusa al exregidor, en prisión por una condena por delito urbanístico pero siendo él el promotor, por un delito continuado de prevaricación urbanística, pidiendo dos años de prisión. Además, siguen acusados tres exediles, el que fuera arquitecto municipal, el constructor y otra persona.

   Según sostiene la acusación pública, el exalcalde, los tres concejales y el entonces arquitecto municipal venían utilizando como fórmula para eludir dichas restricciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) la concesión de licencias de viviendas vinculadas a una explotación agrícola, para lo cual se necesitaba un proyecto de actuación.

   Así, el ministerio fiscal señala que los miembros de la corporación eran "conscientes de la injusticia que se cometía con la concesión de tales licencias de obras, puesto que las mismas no respondían a parámetros urbanísticos de las parcelas donde se construía sino a la voluntad especulativa de los promotores", como el acusado en este procedimiento.

   El promotor, sostiene la acusación pública, supuestamente aprovechó esta situación para promover la construcción de cinco viviendas, con la ayuda del último acusado, arquitecto, que emitió informes sobre los proyectos de actuación en los que "de manera mendaz intentaba justificar la aprobación de los mismos" con argumentos "inciertos" sobre las explotaciones agrícolas

   En esta causa se relatan los trámites realizados desde la solicitud de cinco licencias en 2005 para construir en suelo no urbanizable las viviendas, que no son legalizables, hasta la aprobación de las mismas en la junta de gobierno local en 2007. Para el ministerio fiscal, se trata de delitos continuados contra la ordenación del territorio.

   Para los entonces concejales solicita 15 meses de prisión y diez años de inhabilitación; mientras que para el que era arquitecto municipal pide 18 meses de cárcel y diez años de inhabilitación; para el empresario y el otro arquitecto, un año de cárcel y 18 meses de multa; en todos los casos a diez euros diarios. Había acusado un asesor externo, pero el fiscal retiró la acusación.

   El exregidor declaró que "no leía los informes" que se emitían antes de conceder las licencias de obra en el municipio y aseguró que se fiaba de los técnicos y de la secretaria municipal, que sí los leía; y confiaba en que cuando ellos remitían los expedientes urbanísticos al pleno para su aprobación era porque cumplían "todos los requisitos oportunos".

   "No creo que ni el técnico ni la secretaria me engañaran, si me han engañado mala suerte", indicó en su declaración en el juicio, al tiempo que incidió en que "nadie" le advirtió de ilegalidad alguna. Dijo que en los pueblos "antes con un recibillo de 20 duros se hacían las obras" y que cuando fue alcalde, las cosas empezaban a cambiar a este respecto.

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Felipe González

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