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Critica que el Gobierno andaluz haya modificado los títulos y los cánones
MÁLAGA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Puertos Deportivos Marinas de Andalucía ha anunciado este miércoles que en breve presentará una querella contra la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) por no respetar los títulos concesionales de estas instalaciones y por alterar los cánones de las mismas.
Así, el presidente de Marinas de Andalucía, José Carlos Martín, ha manifestado a Europa Press que se ha tomado esta decisión tras "hacer todo lo posible desde el punto de vista político y administrativo". Sin embargo, la situación generada "está provocando un daño económico tremendo" a los puertos deportivos, de ahí que en su asamblea extraordinaria se adoptase esta decisión.
Martín ha explicado que hay tres tipos de asociados: los dependientes de la Autoridad Portuaria, los de concesión directa de la Junta de Andalucía y los puertos deportivos que del Estado se traspasaron al Gobierno andaluz en 1983, "incluyendo una serie de derechos y obligaciones".
Esos derechos y obligaciones, ha puntualizado, se mantuvieron hasta el año 2000, cuando la Junta "decidió alterar los títulos concesionales y los plazos de éstos". En concreto, había puertos con concesiones a 75 años, a 50 o a 40 y, no obstante, "se decidió que todos iban a finalizar en el año 2018, lo que ha ocasionado un daño económico tremendo".
A ello se une, según Marinas de Andalucía, "el fraude de ley al aprobar en 2006 como revisiones de canon lo que eran modificaciones concesionales", con incrementos que han llevado a muchos puertos deportivos "a prácticamente la quiebra técnica".
El presidente de este colectivo ha aludido también a un informe del gabinete jurídico del propio Gobierno andaluz, de marzo de 2010, "que dice que hay que respetar los títulos, algo que no se está haciendo, por lo que la querella será por presunta prevaricación".
Respecto a los cánones, ha recordado que en su día se pactaron "según las inversiones que cada puerto deportivo hizo"; sin embargo, "la Junta entiende que no le conviene y se lo salta". Esto supone, a su juicio, "una exacción ilegal" y una "voracidad recaudatoria".
"Llevan año y pico siendo conocedores del informe del gabinete jurídico que dice que hay que respetar los títulos, pero no han hecho nada", ha advertido, al tiempo que ha incidido en que difundir que en 2018 se cumpliría el plazo, "de forma anticipada", ha supuesto un perjuicio económico a estas instalaciones.
Por ello, tras recabar toda la información necesaria "y sustanciarla", se ha decidido presentar una querella por prevaricación y exacción ilegal contra responsables de la Consejería de Obras Públicas y de la APPA, "tanto directores gerentes como letrados jefes y jefes del Departamento de Asuntos Jurídicos del organismo público portuario".
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