Moreno considera "una buena noticia" la decisión de la Fiscalía y afirma que la colaboración de la Junta es del "99,9%"

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha declarado que la colaboración de la Junta de Andalucía con el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), es del "99,9 por ciento", porque "estamos en el mismo barco", discrepando únicamente en la entrega de las actas de los consejos de Gobierno. Por ello, ha considerado "una buena noticia" que la Fiscalía Anticorrupción se oponga a que la juez acceda a esos documentos.

"Hemos ofrecido cualquier información de cualquier acuerdo que pueda resultar de interés para la investigación", ha manifestado la consejera andaluza, quien ha precisado que "entendemos, con una colaboración y respeto del 99,9 por ciento, que en ese 0,1 por ciento no lleva razón el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla".

Como ha recordado, el Ejecutivo andaluz "ha denunciado a los tribunales el caso de las irregularidades en los ERE y, por tanto, está en el mismo barco que el Juzgado". "El Juzgado y la Junta de Andalucía perseguimos a los que hayan causado cualquier daño al dinero público", ha subrayado.

En este sentido, Moreno, que ha asistido este viernes a la toma de posesión de la nueva delegada del Ejecutivo andaluz en Málaga, Remedios Martel, ha reiterado que la colaboración de la Junta con la juez que lleva el caso de las irregularidades en los ERE "es del 99,9 por ciento", y "sólo tenemos una discrepancia en relación con las actas del Consejo de Gobierno porque creemos que la petición del conjunto de las actas choca con la Ley de Gobierno de Andalucía".

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto de la juez Mercedes Alaya en el que ordenó a la Junta la entrega de las 480 actas de los consejos de Gobierno desde 2001 para su custodia. El Ejecutivo andaluz entiende que la encargada de esta investigación no puede acceder a estas actas porque son reservadas y ha solicitado que el conflicto lo resuelva el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo.