El PP en el Ayuntamiento insta al Gobierno a adoptar medidas para la mejora del Ingreso Mínimo Vital

MÁLAGA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que instan al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "a mejorar la coordinación con los ayuntamientos dotándolos de los medios materiales y humanos necesarios para compensar la carga administrativa derivada de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV)".

De igual modo proponen entre los puntos de la iniciativa que el Ayuntamiento solicite al Gobierno de España la creación de una figura profesional de referencia para el acompañamiento individualizado de personas y/o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad extrema solicitantes o perceptoras del IMV.

También piden que el Ayuntamiento de Málaga requiera al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información detallada sobre los programas e itinerarios de inclusión sociolaboral vinculados al IMV, incluyendo datos de ejecución, evaluación y resultados; y que el Consistorio solicite al Ministerio competente la creación de un canal específico de atención técnica para profesionales de los servicios sociales comunitarios y entidades del tercer sector que gestionan esta prestación.

En la moción, los 'populares' recuerdan que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), establecido mediante el Real Decreto-ley 20/2020 y regulado por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, "se define como una prestación de la Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad económica".

Al respecto, añaden que si bien su diseño normativo "persigue mejorar las oportunidades de inclusión social y laboral", la experiencia acumulada tras cinco años de vigencia "pone de relieve importantes carencias en su aplicación práctica que este Ayuntamiento ha señalado en diversas ocasiones".

Recuerdan que la tramitación del IMV se realiza fundamentalmente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, "lo que en ocasiones supone una barrera tecnológica y administrativa para los solicitantes".

En este sentido, en la moción inciden en que "el apoyo de las entidades del tercer sector es indispensable para tramitar el acceso a esta prestación".

Así, han señalado que "es especialmente relevante el papel de entidades como Asaec, que en 2025 recibió 1.431 solicitudes, de las cuales 763 fueron derivadas por los Servicios Sociales y 668 por Cáritas y otras entidades, además de las tramitadas de oficio. El 36% de las solicitudes (515 personas) correspondían a familias con menores a cargo".

Sin embargo, continúan, "la tasa de denegación alcanza cifras preocupantes: 810 fueron denegadas (un 56,6%), de las cuales el 69,1% tendría derecho a la renta autonómica de inserción social. De las 621 aprobadas (un 43,4%), 360 personas correspondían a unidades familiares con menores a su cargo".

Por otro lado, han señalado que en Centro Municipal de Acogida de la ciudad se tramitaron 115 solicitudes en 2025, con un plazo medio de resolución de cinco meses, "un periodo excesivo para personas en situación de sinhogarismo". De ellas, añaden, "66 fueron aprobadas (57,39%). Más allá de las cifras, consideramos necesario analizar la eficacia del IMV en términos de inclusión sociolaboral".

"La ley prevé la participación de las personas beneficiarias en estrategias de inclusión promovidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; sin embargo, es oportuno conocer qué instrumentos o programas específicos y dotados presupuestariamente se están desarrollando actualmente para favorecer la transición hacia el empleo y la autonomía económica de los perceptores", han apostillado.

Además, en el texto de la moción señalan que "a estas cuestiones se suman deficiencias persistentes, con una carga administrativa para los ayuntamientos, administraciones que asumen la emisión y renovación anual de certificados sin compensación económica por parte del Estado. Del mismo modo que las entidades del tercer sector, que continúan desarrollando esta labor sin financiación", han concluido.

Además, la Seguridad Social no comunica a los ayuntamientos si las personas para las que se emite el certificado resultan finalmente beneficiarias, lo cual dificulta la correcta planificación y gestión de las renovaciones en plazos muy cortos y ajustados.