MÁLAGA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, manifestó hoy que en el PSOE "están haciendo el ridículo más espantoso" tras conocerse que el alcalde de La Viñuela, Juan Millán, ha presentado su baja temporal en el PSOE tras ser condenado por delitos urbanísticos a 15 años y medio de inhabilitación.
A juicio de Salado, el secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, y el responsable provincial de Organización, Francisco Conejo, "van dando bandazos" porque "miden con distinto rasero" a diferentes imputados.
En este sentido, recordó, en declaraciones a Europa Press, que el alcalde de Cártama, José Garrido, está imputado por un presunto delito de prevaricación omisiva por haber dejado caducar un expediente sancionador abierto a un vecino que se hizo una casa en suelo no urbanizable y "sigue ejerciendo".
Además, también, indicó que el diputado provincial de Hacienda, Cristobal Bonilla, fue imputado por un juez de Coín por los presuntos delitos de desobediencia y contra la ordenación del territorio, mientras, el alcalde de Sayalonga, José Luis Navas, tuvo que dimitir por ser condenado a un año de prisión y nueve de inhabilitación para ostentar cargos público, y al final fue absuelto por la Audiencia Provincial de Málaga.
"Así se demuestra que hay alcaldes de primera y de segunda en el PSOE", señaló Salado, al tiempo que sentenció que el PP primero cree en la presunción de inocencia, y en que "todos tienen derecho a agotar todas las vías para demostrarla".
El PSOE envió hoy un comunicado en el que informa de la decisión de Millán de darse de baja de forma temporal "conociendo la doctrina del partido y habiendo defendido siempre los intereses de la organización". En el mismo añade que seguirá con su defensa y las acciones judiciales oportunas "hasta que la causa tenga una sentencia absolutoria".
El regidor de La Viñuela ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga a penas de 15 años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 13.500 euros por delitos de prevaricación urbanística, al conceder licencias para viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable "contrarias" a la norma vigente y "sin recabar" informes técnicos ni jurídicos.
