MÁLAGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE-A, Francisco Conejo, ha presentado la campaña 'Conquistando Derechos', con la que pretenden dar a conocer las tres nuevas leyes de calado social del Gobierno andaluz. Así, ha asegurado que van a mantener reuniones con colectivos para explicar el contenido de las mismas, además, este viernes el partido va a llevar a cabo acciones conjuntas en las ocho provincias andaluzas, donde repartirán folletos explicativos.
La Ley de Renta Mínima de Inserción social, la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad son tres iniciativas legislativas que "demuestran que otra forma de hacer política es posible", ha puesto en valor Conejo, quien ha señalado que "pasados los momentos más duros de la crisis ha llegado la hora de recuperar derechos".
Por su parte, la Ley de Renta Mínima de Inserción, en vigor desde el pasado 1 de enero, es un "instrumento de inclusión e inserción social y laboral" con el que Andalucía "combate la desigualdad y precariedad que ha traído la crisis económica y la reforma laboral del PP", ha incidido.
Con ella "se lucha contra la pobreza, la desigualdad y la marginación", atendiendo y dando cobertura "a quienes más lo necesitan: menores, familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia machista", ha detallado Conejo. La prestación oscilará entre 419,52 euros y 779,84 euros a percibir durante doce meses prorrogables cada seis "siempre que se sigan reuniendo los requisitos".
En este sentido, Conejo ha aclarado que el objetivo de esta medida es "la incorporación al mercado laboral", por tanto, se trata de "una ayuda económica mientras se encuentra empleo". En cuanto a la dotación económica para 2018, ha recordado que es de 198 millones de euros.
"Se estima que ofrecerá cobertura en Andalucía a más de 45.000 unidades familiares y beneficiará a 120.000 andaluces", ha asegurado el secretario de Relaciones Institucionales, cifrando el presupuesto hasta 2021 en 819 millones de euros.
LEY DE DISCAPACIDAD
Por otro lado, ha explicado que la nueva Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad "da respuesta a las necesidades y la realidad a la que día a día se enfrenta el diez por ciento de la población", pues, según ha afirmado, existen 591.872 personas en Andalucía con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Este colectivo, que tiene una tasa de actividad del 33,4 por ciento, representa "la tasa de paro más alta" de la comunidad andaluza, ya que está 41 puntos por debajo de la población de Andalucía sin discapacidad.
Por ello, ha anunciado que se va a reservar el diez por ciento de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo. Además, se organizarán cursos de formación para el empleo y se reservará, como mínimo, el cinco por ciento de plazas en los programas de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.
Estas medidas se enmarcan en un Plan de Empleo, uno de los tres "compromisos" que vertebran la ley y "que tendrán que estar en marcha en un año" ha garantizado Conejo. Los otros dos se tratan de un Plan de Acción Integral y un Plan para Mujeres con Discapacidad.
En cuanto al primero, el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE-A ha asegurado que se apostará por la "igualdad de oportunidades" con una educación "inclusiva, permanente, gratuita y de calidad" y se llevarán a cabo medidas específicas como la adaptación del braille de los recursos educativos escritos, la prevención del acoso escolar, el abandono escolar temprano de las personas con discapacidad, y la aprobación de un plan especial de accesibilidad a las universidades andaluzas.
Además, como novedad, ha apuntado Conejo, "se garantizará el transporte público" para este colectivo a través de un bonotaxi y, en cuanto a la adaptación de la vivienda a las necesidades de estas personas, se incorporarán videoporteros para aquellos con discapacidad auditiva, entre otros, para "la promoción de la autonomía personal".
El último plan de esta Ley, la cual viene con una memoria económica de 1.300 millones de euros para "garantizar la calidad de vida" de las personas con discapacidad según ha asegurado el secretario socialista, está destinado a la "perspectiva de género" ante la "discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad". Por ello, este incluye programas de prevención y atención a la violencia de género.
LEY DE SERVICIOS SOCIALES
Por su parte, la Ley de Servicios Sociales, ha asegurado Conejo, es el "cuarto pilar del Estado del Bienestar andaluz" y "nace para brindar prestaciones básicas, universalizar los servicios sociales y garantizar la gestión pública de los servicios sociales comunitarios".
El objetivo de esta ley es que "la administración sea mas cercana, más eficaz, pero también más eficiente y que brinde una atención integral y coordinada a las personas que accedan a sistemas públicos de servicios sociales".
Además, con ella, ha insistido, se "potencian los servicios de información, valoración, orientación, asesoramiento, teleasistencia, atención a la urgencia social o los servicios específicos de protección a los menores andaluces en situación de riesgo o desamparo, entre otros".
Por otro lado, Conejo ha querido recordar que el Gobierno andaluz destinó 39,4 millones de euros en 2017 a los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales para que atendiera a los municipios pequeños y medianos de Andalucía en materia de servicios sociales.
En este sentido, ha comparado "el esfuerzo" de la Junta de Andalucía en este ámbito con el del Gobierno central, que destinó a este mismo fin 7,7 millones de euros, ha afirmado. Por ello, lo ha calificado como "insensible" y ha criticado que "el Gobierno de Mariano Rajoy es incapaz de que las grandes cifras macroeconómicas se conviertan en mejoras que noten los ciudadanos día a día".
En la misma línea, Conejo ha asegurado que "no se nos va a olvidar nunca" el "tajo" que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, antes de llegar a Andalucía, "pegó a la dependencia de este país, recortándola y haciendo que las personas dependientes tuvieran menos derechos y menos oportunidades".
