MÁLAGA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, y el diputado provincial Cristóbal Fernández presentarán en la Comisión Especial de Cuentas y Desarrollo Económico y Productivo una moción para que desde la institución se respalde la justicia gratuita y que el servicio de turno de oficio siga exento de IVA.
En la moción se alude a que la Dirección General de Tributos cambio un criterio asentado desde el año 1986 y declaró sujeto a IVA las actuaciones de los profesionales designados de oficio para la defensa de los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Este cambio de criterio se pretende sustentar en una sentencia de julio de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional de Bélgica.
Esta nueva postura de la Dirección General de Tributos, según la moción a la que ha tenido acceso Europa Press, "ha causado sorpresa e irritación" en las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, entre ellas Andalucía.
Así, para revertir esta situación e incrementar las garantías, el PSOE, junto a PP y Ciudadanos, proponen reformar la Ley para afianzar el carácter de servicio público de esta actividad prestacional, "reforzándola y garantizando que esté debidamente subvencionada por los poderes públicos y reconociendo el abono de las correspondientes indemnizaciones a favor de los profesionales obligados por su prestación".
Por este motivo, la moción quiere que la Diputación muestre su "pleno respaldo" al turno de oficio "que deben ser dotados en el conjunto del Estado de los medios económicos y personales adecuados para su plena vigencia y efectividad".
También se quiere instar al Gobierno a que de manera inmediata lleve a cabo las actuaciones necesarias para que los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios siga exenta de IVA.
Los socialistas han señalado que el recurso a la justicia gratuita es el "único horizonte de protección de las familias más vulnerables", añadiendo que "atraviesa una etapa caracterizada por la precariedad, los recortes presupuestarios y la falta de apoyo del Ministerio de Justicia".
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, ha supuesto "un paso importante en la protección de aquellos ciudadanos más desfavorecidos que necesitan acceder a la tutela judicial para ver realizadas sus legítimas pretensiones o defendidos sus derechos".
Con el fin de garantizar la plena efectividad de este derecho, los profesionales vienen obligados a prestar asistencia en los términos previstos en la citada ley "con un importante compromiso vocacional en favor de una justicia gratuita, de calidad, y que permita el desarrollo pleno de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos".
