MÁLAGA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La defensa del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, lamentó hoy, en la vista sobre el recurso presentado contra el tercer auto de procesamiento del caso 'Malaya', que en cuanto aparece el nombre de su patrocinado "se atisba una ilicitud" y reiteró, como ya hizo en otras vistas, que Roca "no tenía capacidad decisoria alguna" en el municipio marbellí.
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga acogió hoy la vista sobre los recursos presentados contra dicho auto por el que el juez Óscar Pérez procesó por un delito de blanqueo en relación con una operación urbanística a Roca, a los letrados del despacho Sánchez Zubizarreta Juan Luis y Francisco Soriano y a Sandra Von Bismark, cuyo recurso se verá mañana.
Esta pieza tuvo su origen en un informe del grupo III de Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol, en el que se investigaba la venta en diciembre de 1997 por parte de una sociedad propiedad de Von Bismark, de unos terrenos de 17.000 metros cuadrados en la zona de Nagüeles adquiridos por 204.000 euros por una empresa gestionada por el bufete Sánchez Zubizarreta, en la que Roca participaba en un 50 por ciento.
El letrado de Roca negó que éste participara en la confección del contrato y apuntó que ni siquiera lo firmó. En este sentido, dijo que la capacidad decisoria de Roca "sólo existe para formular acusación contra él" y criticó que "se parta del principio acusatorio", aunque sea con una calificación provisoria para sumar delitos. "Qué pasa, que partimos de la premisa de culpabilidad de Roca", se preguntó.
No obstante, también alegó que no se han acreditado las cantidades presuntamente blanqueadas en dicha operación, pero sí que los pagos se hicieron a través de transferencias bancarias y por los medios legalmente establecidos. Añadió que, en todo caso, "entendemos que los hechos están prescritos", al defender que se debe tener en cuenta la fecha de la firma a estos efectos.
También apuntó que no se ha puesto en duda el convenio previo y no se ha tomado declaración al ex alcalde Julián Muñoz, que firmó una de las resoluciones relacionadas con dicho documento ni a los técnicos municipales que realizaron un informe sobre el reformado del convenio. Por tanto, consideró que se trata de un auto de procesamiento "cojo" y que en todo caso se debería investigar más.
Por su parte, el letrado de los abogados Francisco y Juan Luis Soriano dijo al Tribunal que los hechos "no revisten carácter de delito, salvo que digamos que sólo existe el Código Penal en nuestro ordenamiento jurídico", ya que entendió que se trata de un contrato regulado por el Código Civil, "perfecto" y que no afecta a terceros.
"No existen sospechas de irregularidades, la única sospecha es que la Policía busca una naturaleza penal de la que carece", apuntó el letrado, quien incidió en que los pagos fueron realizados de forma legal por medios bancarios. Negó que se tratara de ocultar "nada" tras un velo societario y apuntó, asimismo, que "aparece el nombre de Roca y ya es delito".
Además, precisó que mientras uno de sus defendidos sólo dio formalismo a la operación al firmar, el otro no tuvo participación alguna. No obstante, también consideró que estaría prescrito el delito, al haber pasado 11 años desde la firma del contrato.
ACUSACIONES
Por su parte, el fiscal Anticorrupción recordó al Tribunal que hay todo un capítulo en el primer auto de procesamiento, confirmado por la Sala, en el que se habla del poder de Roca y sostuvo que de forma indiciaria las inversiones tienen su origen en delitos, además de que la persona que compra, en este caso Roca, "carece de capacidad económica y lo hace interponiendo sociedades".
En este punto, explicó que los terrenos se adquieren a través de una sociedad, participada en un 50 por ciento por otra empresa que se sabe que es propiedad de Roca "fruto de la investigación del caso 'Malaya', no porque apareciera la titularidad bajo ningún concepto". Dijo que se trata de un acto de "transformación de un bien obtenido ilícitamente en otro", en este caso de tipo inmobiliario.
Entiende que el papel de los dos letrados es "fundamental" para favorecer la ocultación y apuntó que "la sostienen, porque crea la sociedad tapadera por cuenta del señor Roca". Defendió también que se rompe la prescripción desde el momento en el que se siguen produciendo pagos tras la firma. Tanto el abogado del Ayuntamiento de Marbella como el de la Junta de Andalucía se adhirieron al alegato del fiscal.
