Defensa dice que la resolución no fue injusta y el fiscal sostiene que ayudó a una parcelación urbanística, que estaba prohibida
MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ex alcaldesa de Cártama (Málaga) Leonor García Agua (PP) aseguró hoy que no tuvo conocimiento de haber firmado dos decretos por los que se otorgaron licencias de segregación de una finca a petición del mismo particular en suelo no urbanizable y achacó los hechos a un "fallo administrativo". "Pudo haber un desliz", apuntó la ex regidora, que, según dijo, supo del "error" una vez empezada la causa judicial.
El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga dejó hoy visto para sentencia el juicio contra la ex regidora, para la que la Fiscalía pide una pena de dos años de prisión y 16 de inhabilitación para empleo o cargo público por otorgar en junio de 2003 dos permisos de segregación para suelo de protección especial, calificado como no urbanizable regadíos del Guadalhorce.
García Agua declaró que no tuvo conocimiento de que el secretario advirtió de que faltaban los informes técnico y jurídico ni de que los expedientes estaban caducados por desistir la solicitante. Apuntó que si lo hubiera sabido, "no lo habría firmado", y recordó que ya había denegado otras licencias de segregaciones. Además, señaló que ya había habido elecciones y se firmaba todo "de mero trámite".
Afirmó que creyó firmar una liquidación de tasas y no una resolución. "Si la firmé, fue porque me la pasaron a la firma, pero sin conocimiento", reiteró y dijo no entender "qué ocurrió", aunque no quiso "buscar responsabilidades". Negó tener intereses económicos o beneficiar a nadie y añadió en su derecho a la última palabra: "soy abogada, vivo de mi trabajo y mi esfuerzo y no de ningún interés".
El secretario municipal aseguró que él se limitó a "cumplir" la ley, que le obliga a advertir de que no estaban los informes, que son "fundamento" para las licencias, aunque dijo desconocer quién pone el contenido de los decretos y aseguró que no puede saber si se trata de un error administrativo.
Por su parte, tanto el arquitecto en ese momento como el actual y un perito propuesto por la defensa coincidieron en que no es igual una segregación que una parcelación y en que lo primero no da derecho para construir, aunque mantuvieron distintos criterios sobre si en esa fecha --2003-- había o no indicios de parcelación en la finca en cuestión.
El fiscal sostuvo en su informe final que la participación de la acusada fue "cuanto menos sorprendente", al considerar que "debía conocer las irregularidades tan a la vista" que había, por lo que se podría pensar "que hay otra finalidad", recordando que el decreto recoge la carencia de informes. Por tanto, entendió que no pudo ser un error y que así "se facilitó una parcelación que no era posible".
Según el escrito del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, la entonces alcaldesa, "con pleno conocimiento de su injusticia", dictó ambos decretos para permisos de segregación, aunque las normas "prohíben cualquier parcelación urbanística, como la que se ha producido con ocasión de las licencias ilícitamente concedidas", lo que "no podía ser ignorado por la acusada".
Por su parte, la defensa indicó en su informe final que su patrocinada firmó "sin ver la trascendencia", pero, además, insistió en que la resolución "no es injusta", puesto que la licencia de segregación "no conlleva edificación, construcción, servicio o infraestructura básica municipal", como agua o toma de luz, algo que en 2003 no había según el entonces arquitecto municipal.
Por tanto, el abogado apuntó que en el caso de que el juez entienda que se actuó "a sabiendas", la segregación "es correcta, porque en 2003 no había esas infraestructuras", aunque, posteriormente, sí. Además, se preguntó si no es "raro" que el secretario advirtiera de la carencia de informes, "pero no del desistimiento de la solicitud" ni tampoco informara a la regidora verbalmente.
