MÁLAGA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, Alfredo Elías Mondeja, considera que la sociedad anónima Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias se encuentra en situación de "insolvencia inminente", declarándola en concurso de acreedores. De hecho, el pasivo inicial es de 1.029.415.412,40 euros y aunque en enero de 2008 tenía un patrimonio neto de 268 millones, en dicho ejercicio obtuvo pérdidas de 106 millones de euros, según un informe aportado al juez.
Así se señala en el auto del juez, en el que declara el concurso voluntario de la mercantil, tras la solicitud presentada el pasado martes 21 de julio por la representación legal de la empresa, en la que se ponía de manifiesto "la imposibilidad de alcanzar una propuesta de convenio anticipado", a través de las negociaciones con los distintos acreedores --unos 2.000--, que Aifos inició hace meses.
En la solicitud presentada por la promotora se instaba a la declaración de concurso voluntario por encontrarse en estado de "insolvencia inminente", lo que supone que prevé que no podrá cumplir "regular y puntualmente" sus obligaciones exigibles. En este sentido, el juez, tras analizar los datos, señala que "resulta previsible" que esto suceda, aunque aún no haya incumplido.
Según la memoria incluida en parte en el auto, aportada por la empresa, cuyo administrador único es Jesús Ruiz Casado, procesado en el caso 'Malaya', el activo principal lo componen 51 suelos urbanos, 14 promociones en curso y 3.115 contratos de venta firmados, de los que 860 viviendas son producto terminado, y 346 viviendas libres. La plantilla se redujo de 2.210 empleados en enero de 2007 a 610 el pasado mes de junio.
Asimismo, la empresa tiene 891 reclamaciones judiciales y una deuda con la Agencia Tributaria de 42,5 millones de euros y con la Seguridad Social de 1,4 millones de euros. En otro punto de la memoria presentada por Aifos, se indica que tiene pendiente de ingresar a las administraciones públicas deuda tributaria por importe de 56 millones de euros, correspondiente a liquidaciones de impuestos de 2002 a 2008.
Se señala que la sociedad tiene suspendidas las actuaciones de comprobación e investigación iniciadas por parte de la Agencia Tributaria por una orden del magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), donde se instruye el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí y se añade que "podrían surgir pasivos adicionales".
Además, el informe precisa que existen créditos "retenidos" y fondos depositados en bancos que resultan "indisponibles", señalando que las deudas a largo plazo con entidades de crédito y las deudas a corto plazo eran de 602,1 y 167,3 millones de euros, respectivamente, al cierre del ejercicio, aunque no poseen todos los datos sobre el endeudamiento con los bancos.
RESUMEN
"Los problemas de liquidez han ocasionado el impago de deudas de importe significativo a las administraciones públicas, proveedores, así como a las entidades financieras. Este último caso ha supuesto a la vez la paralización de las promociones de viviendas que financiaban y el incumplimiento de los compromisos adquiridos con los compradores", resume la mercantil en los documentos remitidos al juzgado, incluidos en el auto.
Por otro lado, la empresa también alegó en su solicitud que existían causas externas, como son "el deterioro progresivo de la actividad, la insuficiencia de capital circulante y la necesidad de financiarse a corto plazo". En este punto, Aifos indica que, ante la inestabilidad del mercado y las crisis soportadas por algunas empresas, "las entidades financieras se han vuelto cautelosas" y exigen a las inmobiliarias tener pre vendido más de un 30 por ciento del inmueble para financiar.
DESARROLLO DEL CONCURSO
El juez señala que se abre ahora la fase común del concurso, que puede desembocar en una fase de convenio o en una de liquidación y nombra una administración concursal, formada por dos expertos pertenecientes a una conocida consultora, que tendrán que aceptar. El administrador concursal acreedor será la AEAT. Los acreedores tendrán un mes desde la publicación de la declaración para comunicar sus créditos.
En este caso, al ser un concurso voluntario, el deudor conservará las facultades de administración sobre su patrimonio. En este punto, el titular de lo Mercantil explica que no hay razones para suspender esa facultad, "sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de la gestión empresarial, la pertenencia a un grupo de empresas y la continuidad de la actividad empresarial, ya que como se señala en la solicitud los procesos de producción sigue en marcha".
En este sentido, la legislación establece que la declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor". De hecho, el auto recuerda que este procedimiento judicial busca evitar el cierre y mantener la estabilidad en el empleo.
Desde la empresa indicaron ayer que el objetivo de instar este concurso era "garantizar la construcción de las 3.000 viviendas suscritas con sus clientes y su entrega en el menor plazo posible" y consideraron que el proceso permitirá "la reordenación de la deuda del grupo para combatir la crisis inmobiliaria, así como garantizar la pervivencia de la actividad de la empresa, el cumplimiento de los contratos con terceros y el mantenimiento del empleo".
