MÁLAGA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general del Sindicato provincial de Servicios de CCOO, Dolores Villalba, y el secretario de Política Institucional de la Federación Estatal de Servicios de dicha organización sindical, Gonzalo Fuentes, han defendido su participación correcta en un piquete informativo durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012.
El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga ha celebrado este jueves el juicio a estos dos sindicalistas, a los que la Fiscalía acusa por un delito contra los derechos de los trabajadores en el apartado que se refiere a supuestas coacciones a iniciar o continuar una huelga. La fiscal, aplicando el nuevo Código Penal, ha tenido que rebajar su petición de tres años y medio de prisión a tres años, para cada uno.
Tanto Fuentes como Villalba, que eran los responsables del piquete, han explicado que llegaron a un bar de copas del centro de la capital para informar sobre la huelga y que lo hicieron de forma "educada y ordenada, como dice la ley", ha apuntado la sindicalista, quien ha dicho que, incluso, fue al baño en el local. Cuando les dijeron que iban a cerrar, se marcharon.
Han negado que obligaran a cerrar o que hubiera palabras malsonantes y han asegurado que cuanto ya se habían alejado, les dijeron que había un altercado, por lo que volvieron, encontrando el bar cerrado y un cordón policial. Han indicado que colaboraron con la Policía en ese momento y que fue al tiempo, al menos un mes después, cuando les llegó la comunicación de este caso.
En esta causa hay un tercer acusado, al que Fuentes y Villalba han dicho no conocer y que tampoco vieron el día de la huelga. Éste, al que se le acusa de atentado y lesiones y que se ha declarado inocente, ha afirmado que decidió unirse al grupo, que estuvo grabando con su móvil, pero que no es afiliado a ningún sindicato y que no conoce a los otros acusados.
Ha explicado que no sabe qué pasó y que no recuerda si se saltó el cordón policial, aunque pudo ocurrir "sin darme cuenta"; al tiempo que ha declarado que todo fue muy rápido y de repente estaba en el suelo y esposado, negando que agrediera a nadie y, en concreto, al portero del bar, quien, por contra, ha dicho que el grupo llegó diciendo "barbaridades" y tirando petardos y que los dos sindicalistas le dijeron que tenía que cerrar y que no podían contener a las personas que iban.
Los agentes de la Policía Nacional que iban de paisano han señalado que el piquete iba "increpando" en bares y comercios, con una actitud "intimidatoria", también cuando llegaron al bar y contra el portero. En un momento determinado, han explicado, el tercer acusado fue detenido por ir "contra" un responsable policial que estaba allí uniformado.
Por contra, otros miembros del piquete, como el coordinador provincial de IU, José Antonio Castro; la responsable de Política Institucional de la coalición, Antonia Morillas; el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla; así como otros testigos han sostenido que no hubo coacción para cerrar y que Fuentes y Villalba coordinaron el piquete de forma "seria".
Para la Fiscalía, con las declaraciones de los policías y del portero está acreditado que se obligó al cierre; mientras que el abogado de la defensa ha insistido en que un piquete informativo forma parte del derecho a huelga y en que los dos sindicalistas mantuvieron una actitud de "respecto a la ley, ejerciendo un derecho constitucional", además de que los policías ni los recuerdan.
APOYO
Los dos sindicalistas han tenido el apoyo de muchos compañeros, como el secretario regional de CCOO, Francisco Carbonero, quien ha mostrado "rabia, descontento e indignación porque 40 años después de la muerte del dictador se vuelva a tener que entrar a juicio, pidiendo condenas de prisión, a representantes sindicales por defender las libertades y el derecho a huelga y de los trabajadores".
Ha dicho que en un país en el que se intenta "intimidar y reprimir la contestación social del movimiento obrero y de los trabajadores no se puede decir que haya plenas libertades ni plena democracia" y ha pedido a los partidos la derogación del artículo 315 del Código Penal para "que no se vuelva a pedir más condenas a sindicalistas y trabajadores por defender sus derechos".
Al mismo tiempo, ha instado a los partidos a comprometerse a derogar la Ley Mordaza, "que lo que pretende no es ni más ni menos que intimidar a los trabajadores y a la sociedad para que no haya una contestación a esas políticas que tanto sufrimiento y tanto daño están haciendo".
