UPF y JpD lamentan que se anteponga el populismo a la ética y creen que se ha abierto "innecesariamente" un debate

MÁLAGA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones Unión Progresistas de Fiscales (UPF) y Jueces para la Democracia (JpD) lamentaron hoy, con relación a lo ocurrido en Vic (Barcelona) y en Torrejón de Ardoz (Madrid), que "se haya renunciado a la ética frente al populismo" y consideraron que "se ha abierto innecesariamente un debate sobre la inmigración", puesto que "se ha abierto con una excusa determinada, no con un planteamiento de cuál es el problema", indicó el portavoz de JpD, Miguel Ángel Gimeno.

Gimeno, que asistió al encuentro anual entre ambas asociaciones profesionales, celebrado en esta ocasión en Málaga, en el que se abordaron varias materias diferentes, apuntó en rueda de prensa que en este caso "se está haciendo simplemente populismo y tiene unas finalidades de carácter político". "Se pone por delante el populismo a la ética", insistió.

Explicó que el debate se plantea en una población "que tiene una situación que merece la pena que hablen y que nos preocupemos todos, porque se aproxima a un 25 por ciento de población inmigrante". De esa población, en el último mes, "no más de cuatro personas habían sido rechazadas por el visado", dijo Gimeno, quien apuntó que "el visado fue, en definitiva, algo que podemos calificar de excusa para abrir otro debate mayor y es qué hacemos con la inmigración".

"Ese debate me parece positivo siempre que no se instrumentalice para decir no cabemos todos porque pasado mañana tendremos un déficit de población activa", declaró. Por eso, abogó por "mirar más allá del día de hoy y mirar los intereses del día de mañana, donde nuestra población quede bastante reducida" y apostó por "analizar las necesidades de la sociedad española y no renunciar a un caudal importante, obviamente regulado, en las personas de los inmigrantes".

Lamentó que "se están creando dos categorías de personas diferentes, aquellas que estamos en posesión de todos los derechos de las personas y los ciudadanos, y a las que queremos hacer invisibles legalmente", apuntando que "la consecuencia de esta invisibilidad será que les privaremos de derechos que son básicos de las personas, no de los ciudadanos".

En este sentido, el portavoz de JpD puso énfasis en que "somos solidarios frente a una desgracia ajena", como el terremoto de Haití, "y no somos capaces de ver los desfavorecidos que tenemos aquí". "Son personas, tienen derechos y no hay dos categorías de personas", apostilló.

Pero sobre todo, los colectivos llamaron la atención para que "no se abra la puerta a posiciones xenófobas, que pueden dar lugar a movimientos de carácter político que luego lamentaremos profundamente". En este sentido, aseguró que "los inmigrantes están aquí porque tienen una situación penosa en su lugar de origen, pero también porque aquí tenían posibilidades de trabajar y es honesto decir que han colaborado en la creación de riqueza".

LEY DE EXTRANJERÍA

Asimismo, dentro de este apartado, ambas asociaciones analizaron la Ley de Extranjería y concluyeron que "no se ha explicado el por qué de la necesidad de superar" el plazo máximo de internamiento cautelar hasta llegar a los 60 días, "porque estamos hablando de un derecho fundamental a la libertad deambulatoria". "Que no lo llamemos prisión no quiere decir que no sea privación de libertad", apostilló Gimeno.

En este sentido, en el documento redactado se precisa que "la ineficacia y tardanza de la administración en la tramitación de los expedientes no puede justificar por sí sola la prolongación de una privación de libertad", considerando que los 40 días máximos previstos inicialmente "resultaban suficientes" para dichos trámites administrativos.

Asimismo, reclamaron un incremento de la capacidad y la mejora de las condiciones materiales de los centros de internamiento de extranjeros, "que puedan paliar las situaciones de sobreocupación que con frecuencia se producen y evitar que la situación de privación de libertad resulte aún más gravosa por la precariedad de las instalaciones".

Además, abordaron con especial interés los delitos que favorecen la inmigración ilegal y, sobre todo, la trata de personas, que "nos conducen a dos tipos delictivos fundamentales, los referidos a los derechos de los trabajadores y a la prostitución", indicó Gimeno, quien aseguró que "somos manifiestamente militantes en la persecución de esos delitos porque son personas que están en situación de bastante indefensión".

Entre los aspectos positivos, destacaron que la legislación "ha incorporado igualdades de derecho", como los de reunión, asociación, sindicación y huelga, que "son reconocidos a los extranjeros en igualdad de condiciones que los españoles cualquiera que sea su situación en España, al tratarse de derechos básicos de las personas por el hecho de serlo".