Agua.- Asaja pide que la ley potencie el regadío y COAG y UPA dicen que cohesiona y elimina privilegios

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja exigió hoy que el desarrollo reglamentario potencie el regadío y "no elimine hectáreas ni imponga nuevas cargas", mientras que COAG señaló que recoge criterios como la cohesión territorial, la generación de empleo y la sostenibilidad y UPA apunta que se acabarán los privilegios existentes.

Por su parte, Asaja exigió hoy que el desarrollo reglamentario potencie el regadío y "no elimine hectáreas ni imponga nuevas cargas, fiscalizando y penalizando a los regantes", por lo que señaló que va a estar "muy pendiente" del desarrollo reglamentario.

En este sentido, apuntó que si los textos reglamentarios inciden en el carácter fiscalizador, penalizador y limitador, encareciendo los costes e incrementando las dificultades que ya encuentran los agricultores de regadío, "la Administración andaluza nos tendrá enfrente dando la batalla".

De manera, que advirtió de que si la Ley se va a emplear para hacer política partidista, para someter a más cargas económicas a los agricultores, y sobre todo, para destruir empleo y para condenar al mundo rural a la pobreza, eliminando hectáreas de regadío, "Asaja se opondrá con todas sus fuerzas".

Según indicó Asaja, la importancia de esta ley para las organizaciones agrarias es "vital" de ahí su postura "activa" contestando a cada uno de los borradores, proponiendo textos alternativos y poniendo sobre la mesa informes técnicos y jurídicos que "sin duda ha permitido enmendar el disparatado borrador inicial".

Si bien, apuntó que en el último trámite para la aprobación de la Ley, "los parlamentarios socialistas no han tenido en cuenta los intereses de los agricultores, puesto que dos de los tres puntos que se comprometieron a mejorar, la estrecha relación que establece la Ley entre aguas subterráneas y superficiales (Art. 25.4.c) y el régimen económico financiero de la misma, especialmente en lo referido al canon de servicio a los pozos de aguas privadas, han quedado como estaban".

REGADÍO, 57% DE LA PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA ANDALUZA

Asaja señaló que el 22 por ciento de la superficie agraria útil de Andalucía (893.000 has) es de regadío, y genera el 57 por ciento de la producción final agraria andaluza, esto es, 4.570 millones de euros. Esa superficie sustenta el 60 por ciento del empleo agrario andaluz (310.000 trabajadores), lo que representa el doce por ciento del empleo total de la Comunidad Autónoma. Para Andalucía supone una balanza comercial positiva en nada menos que 2.097 millones de euros, con este preámbulo queremos poner de manifiesto la importancia de este recurso en la actividad agraria, y su directa incidencia en el empleo y el crecimiento económico de la comunidad.

Además, añadió que los temporales de este invierno han puesto de manifiesto que es necesario dar un giro a la denominada "nueva cultura del agua", ya que los 8.000 hectómetros cúbicos que se han ido al mar y los múltiples daños ocasionados en viviendas, cultivos e infraestructuras, deben servir de lección para recordar que "las infraestructuras hidráulicas no están ni mucho menos concluidas en Andalucía, y deben vivir en un continuo proceso de ampliación, mejora y puesta al día".

Por ello, Asaja instó "un vez más" al Gobierno andaluz y la Agencia Andaluza del Agua a que apuesten por un nuevo Plan de Infraestructuras Hidráulicas que establezca interconexiones entre cuencas, que invierta en el recrecimiento de las presas allí donde sea posible y que potencia las balsas y microembalses en las propias explotaciones y en pequeñas comunidades de regantes.

COHESIÓN TERRITORIAL

Por su parte, COAG-A indicó que el texto aprobado hoy recoge finalmente las principales demandas de esta organización agraria, tales como la inclusión de criterios como la cohesión territorial, la generación de empleo y la sostenibilidad, que han de orientar la planificación de un bien público como el agua o el reconocimiento de la agricultura como un uso específico diferenciado del resto.

Otra cuestión importante es la consideración del agua como un bien común, de carácter público, cuyo uso ha de estar al servicio del interés general y debe ser gestionado y tutelado por la administración en beneficio de la mayoría. En ese sentido, el Banco Público del Agua cobra un papel fundamental.

También hay que destacar que la futura Ley hace posible la administración única del agua, algo que calificó de "muy positivo", ya que asegura la unidad de criterios en la gestión del agua, favoreciendo la democratización de las instituciones, la transparencia en la gestión y el acceso a la información relativa a los recursos de la comunidad.

El documento que hoy se debatió dota a la Administración andaluza del Agua de una estructura que permitirá tomar decisiones únicas en nuestra comunidad, asegurando la igualdad de trato y la participación pública. La cercanía al ciudadano quedaría garantizada, además, con las delegaciones provinciales.

Por último, COAG consideró que la creación del canon de servicios generales supondrá un reparto más justo y equitativo de los costes de prestación de servicios de administración general, pues deberá ser satisfecho por todos los usuarios.

GENERACIÓN DE EMPLEO

Por su parte, UPA-A señaló que con la llegada de la nueva normativa se acabarán los privilegios existentes y se priorizará el uso del agua para las actividades económicas que tengan en cuenta la sostenibilidad, la generación de empleo y la riqueza en Andalucía.

Uno de los aspectos más destacados por UPA-Andalucía ha sido la llegada de un régimen tarifario "más justo que romperá con las desigualdades existentes", ya que la parte de los gastos correspondientes a los servicios generales, que no son impuestos, cubren los gastos de gestión del Organismo competente.

Asimismo, la Ley de Aguas contempla la revisión y actualización de las concesiones de Aguas Públicas, lo que permitirá liberar nuevos recursos procedentes de la modernización de regadíos. Precisamente, señaló que UPA-A ha defendido siempre la modernización del cien por cien de los regadíos, un aspecto prioritario en el que ya se lleva mucho trabajado, pero que necesita de su culminación definitiva.

Del mismo modo, otro de los aspectos claves en la nueva normativa es la puesta en marcha de los Bancos Públicos del Agua por cada demarcación o, en su caso, por Distritos Hidrográficos. La principal novedad, según apunto, es el intercambio de derechos entre usuarios sin necesidad de ser usuarios. Según refleja el texto, "para la adquisición de los derechos de agua no se requerirá la condición previa de usuario".

Otro de las novedades de mayor relevancia es la presencia de todo un articulado de Aguas Subterráneas, que regulará el uso y la gestión de las aguas subterráneas, donde destaca la autogestión de los regantes a través de las Comunidades de Usuarios de Masas de Aguas Subterráneas (Cumas). De este modo se realizará una explotación sostenible de los recursos.

Por último, destacó el principio de unidad de cuenca, de modo que favorecerá la creación de un gran sistema de explotación de recursos, que equilibrará en términos de igualdad la garantía del recurso para todos los usuarios, especialmente en los periodos de sequía.

Asimismo, UPA-A consiguió que se incluyese un apartado específico para que en situaciones declaradas de sequía, la comisión de gestión de sequía pudiera establecer criterios de modulación con objeto de que los agricultores puedan alcanzar rentas mínimas.