Las 122 enmiendas de los diputados expulsados de Adelante buscan movilizar 1.400 millones del Presupuesto andaluz

La parlamentaria autonómica Teresa Rodríguez (2d), junto a la senadora de Adelante Andalucía, Pilar González (1d); los parlamentarios autonómicos expulsados, Ángela Aguilera (3d) y Nacho Molina (3i); José Ignacio García (1i); y su pareja, el alcalde de
La parlamentaria autonómica Teresa Rodríguez (2d), junto a la senadora de Adelante Andalucía, Pilar González (1d); los parlamentarios autonómicos expulsados, Ángela Aguilera (3d) y Nacho Molina (3i); José Ignacio García (1i); y su pareja, el alcalde de - María José López - Europa Press
Publicado: miércoles, 9 diciembre 2020 16:04

SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los nueve diputados no adscritos que fueron expulsados del grupo parlamentario de Adelante Andalucía han presentado un total de 122 enmiendas al proyecto de Presupuesto de la comunidad autónoma de 2021 para movilizar unos 1.400 millones de euros.

Entre las prioridades de estas modificaciones presupuestarias se encuentra la de "reforzar los servicios públicos andaluces, intentando ir hacia el fondo de los problemas y no solo a poner parches que no resuelven cuestiones estructurales", según han informado estos diputados no adscritos en un comunicado este miércoles.

De esta manera, educación, sanidad y empleo han sido las áreas donde Teresa Rodríguez y los otros ocho diputados no adscritos que pertenecían a Adelante han propuesto más aumento presupuestario.

En concreto, en educación la propuesta es destinar más de 610 millones de euros, un aumento de inversión para "afrontar la crisis de infraestructuras de los centros educativos", según se detalla en el comunicado, en el que se precisa que "una parte importante" de la partida irá destinada a "una de las principales reivindicaciones de la comunidad educativa, el aumento de recursos para contratación de profesorado para rebajar ratio".

Además, los diputados no adscritos proponen "un plan de impulso de la escuela pública en las ciudades donde la pública comienza a dejar de ser mayoritaria". Entre otras cosas, una de las propuestas económicas que se incluyen en materia educativa es desarrollar la Ley de bioclimatización, la primera ley aprobada de la oposición en esta legislatura que llevó el diputado José Ignacio García, según pone de relieve este colectivo de parlamentarios.

En cuanto a sanidad, en total estos diputados proponen movilizar 217 millones de euros que irán destinados a resolver "una de las principales reclamaciones de la comunidad sanitaria, como es el refuerzo de la Atención Primaria en Andalucía y las zonas rurales andaluzas, incluyendo urgencias 24 horas".

El aumento de la inversión irá destinado a "refuerzo de trabajos esenciales como son las Emergencias 112 y 061 y al correspondiente rescate para la gestión pública del Servicio Salud Responde y 061".

Además, los diputados no adscritos proponen "un Plan de Infraestructuras en hospitales y centros de salud, pues no es de recibo que las condiciones de muchos hospitales y centros de salud no estén en condiciones dignas ni para los trabajadores ni para los pacientes", según apuntan.

Para empleo irán destinados cerca de 33 millones de euros ante "las alarmantes cifras de paro en Andalucía", con enmiendas que proponen "implementar planes de empleo a barrios desfavorecidos, con altas tasas de desempleo juvenil y desempleo femenino", así como "una partida para favorecer la igualdad en el empleo de hombres y mujeres, así como favorecer la inserción laboral a las mujeres víctimas de la violencia machista".

En definitiva, según subrayan los diputados no adscritos, la mayoría de sus enmiendas van "orientadas a solventar el golpe que ha supuesto esta crisis y a poner sólidos cimientos para que no vuelva a ocurrir".

Además de las partidas mencionadas, han destacado que proponen un aumento de la Renta Mínima, después de que, "en los dos últimos presupuestos las derechas han recortado 80 millones de euros", y partidas para "la lucha contra la pobreza infantil en Andalucía y la lucha contra las violencias machistas".

En vivienda, por último, se propone "una partida para impulsar el acceso a la vivienda protegida y aumentar la partida de autoconstrucción de viviendas, además de una partida específica destinada a ayuntamientos para Ayudas Económicas Familiares".