SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, insistió en pedir a los católicos que voten el próximo domingo en el referéndum del Estatuto de Autonomía "conscientemente, como buenos ciudadanos", motivo por el que les llamó "a la reflexión", al tiempo que les recordó que algunos artículos del nuevo texto son "mejorables".
En declaraciones a Europa Press, Amigo Vallejo indicó que los obispos del Sur de España "en ningún momento llaman a los fieles al 'sí' o al 'no'", sino que "cada persona debe actuar bajo su propia responsabilidad y consciencia".
No obstante, el cardenal arzobispo de Sevilla recordó que la asamblea de obispos, reunida el pasado mes en Córdoba, aconsejó a los católicos que "se atengan a la doctrina católica que la Iglesia ha venido expresando a lo largo de la historia", así como que actúen "en consecuencia" con el comunicado que ésta remitió sobre el Estatuto.
En dicha nota, los obispos del Sur de España, afirmaron que el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía "equipara los efectos jurídicos del matrimonio y de la familia fundada en el matrimonio, a otro tipo de uniones, lo que inevitablemente acaba por debilitar y desestabilizar el matrimonio y la familia".
DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN, INSUFICIENTE
Igualmente, consideraron que el Estatuto incluye en su articulado que la educación pública, definida como laica, "no es garantía suficiente que evite dar cobertura a políticas laicistas que no reconocen el valor social y la dimensión pública de la religión como derecho fundamental de la persona".
Asimismo, precisaron que la tutela efectiva de la libertad de la Iglesia Católica en Andalucía forma parte de la salvaguarda de la identidad histórica de nuestro pueblo, en el pasado y en el presente. Por eso, dicen que "llama la atención que en el Preámbulo, en el que se hace una reflexión sobre la identidad y la historia de Andalucía, no se haga mención alguna a la cultura cristiana de la sociedad andaluza y española".
Según afirmaron, en el nuevo texto persiste una regulación de los poderes públicos "claramente intervencionista, que atribuye a la Administración pública una capacidad para controlar demasiados aspectos de la vida social, con un protagonismo que pone en riesgo el desarrollo democrático de la sociedad".
De otro lado, señalaron que algunos artículos pueden dar protección jurídica a "graves ataques a la vida humana, que la Ley debe tutelar y amparar desde el momento de su concepción y su fase inicial de desarrollo hasta su fin natural".
