El 23% de Andalucía, casi dos millones de personas, vive en exclusión social y el 10% en exclusión severa

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 23% de la población andaluza --casi dos millones de personas-- vive en exclusión social y el 10% lo hace en exclusión severa. Así lo ha indicado Cáritas Andalucía este martes en la presentación del Informe de Fundación Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, que ha advertido de la "cronificación de la desigualdad y de un proceso profundo de fragmentación social".

Según ha indicado Cáritas Andalucía en una nota, este estudio señala como ejes principales de la exclusión "la vivienda y el "empleo". La presentación del informe ha contado con la intervención del delegado para la Pastoral Social en la Asamblea de Obispos del Sur y obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González, el presidente de Cáritas Regional Andalucía, Francisco José Sánchez Heras; y el miembro del equipo de estudios Foessa y coordinador del informe andaluz, Daniel Rodríguez de Blas.

En concreto, el análisis presentado por Rodríguez de Blas ha sitúado a Andalucía ante un "proceso profundo y persistente de fragmentación social, fruto de más de dos décadas de crisis encadenadas --económica, sanitaria, inflacionaria y habitacional-- cuyas fases de recuperación no han logrado cerrar las brechas abiertas". Según el informe, casi dos millones de personas en Andalucía tienen "dificultades para participar con normalidad en la vida social". Una proporción superior a la media estatal (19,3%).

Para Cáritas es "especialmente" preocupante el aumento de la exclusión severa, que alcanza al 10,2% de la población --270.000 personas más que en 2018-- "con procesos cada vez más largos y difíciles de revertir". Además, ha señalado que "solo cuatro de cada diez personas no presentan actualmente ningún indicador de exclusión social".

En este sentido, Foessa ha afirmado que "no fallan las personas, falla el sistema" y que "tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión, pero se encuentran con dispositivos fragmentados, recursos insuficientes y respuestas poco adaptadas a sus trayectorias reales".Por tanto, "la exclusión es el resultado de un contexto que dificulta la integración incluso cuando las personas hacen todo lo que está en sus manos", ha expuesto.

VIVIENDA Y EMPLEO, PRINCIPALES MOTORES DE LA EXCLUSIÓN

El Informe Foessa ha identificado la vivienda como "el principal eje de la exclusión social en Andalucía y afecta a casi una de cada cuatro personas". Desde 2018, el precio de compra de la vivienda ha aumentado un 65%, lo que ha generado un "sobreesfuerzo residencial que empuja a más de 400.000 hogares andaluces a vivir por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda y suministros".

El informe ha reflejado que "solo el 15% de la población vive de alquiler y que el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza". A ello, se suman "situaciones cada vez más extendidas de inseguridad residencial --que afectan a medio millón de personas-- y viviendas inadecuadas con problemas de hacinamiento o insalubridad, en las que residen más de 1,2 millones de andaluces", ha resaltado. Así, Rodríguez ha agregado que "mientras la vivienda no pase a ser un pilar real del Estado del Bienestar, la mejora económica seguirá sin traducirse en integración social".

Además, el informe ha mostrado que "el empleo es el segundo gran eje de la exclusión social", señalando que "se trabaja más, pero trabajar ya no garantiza salir de la cuerda floja". Así, en Andalucía, "el salario medio es 7,6 puntos inferior a la media estatal y más de uno de cada diez hogares tiene como sustentador principal a una persona en situación de inestabilidad laboral grave".

Asimismo, el informe refleja que Andalucía se "casi la mitad de los hogares no puede afrontar gastos inesperados, uno de cada cinco no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 16% acumula retrasos en los pagos relacionados con la vivienda", ha remarcado.

En este contexto, Rodríguez ha asegurado que "el sistema de garantía de ingresos no está a la altura de las necesidades". El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha supuesto un avance "relevante" alcanzando en Andalucía a seis de cada diez personas en pobreza severa, "una cobertura superior a la estatal". Sin embargo, no llega a todas las personas que lo necesitan por "problemas de acceso, información y acompañamiento". Para Foessa, "la prioridad pasa por reforzar la renta mínima autonómica como complemento del IMV".

De esta manera, el coordinador del informe ha puesto el foco en el deterioro de las relaciones sociales. "Los problemas ligados al conflicto y al aislamiento social afectan a medio millón de personas y se han duplicado desde 2018", ha expuesto. Además, "las dificultades relacionales se multiplican allí donde las condiciones de vida son más frágiles". En Andalucía, el 6% de los hogares "no cuenta con nadie a quien recurrir ante una dificultad grave".

En otra línea, el informe sostiene que la exclusión en la salud ha aumentado "notablemente afirmando que se ha "cronificado". Rodríguez ha resaltado que en la actualidad "uno de cada cinco hogares sigue sufriendo exclusión vinculada a la salud y que el principal motor de esta situación es el económico". Además, ha concretado que "las dificultades para comprar medicamentos o seguir tratamientos por falta de recursos se han duplicado en los últimos años y afectan actualmente a más de 1,3 millones de personas".

ROSTROS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA

El informe ha apuntado que la exclusión social en Andalucía afecta a casi la mitad de las personas con nacionalidad extranjera (48%), "más del doble de quienes tienen nacionalidad española" (20%). Asimismo, "casi tres de cada diez menores viven en situación de exclusión (29%)". Por último, "la exclusión afecta más a quienes viven en hogares encabezados por mujeres".

No obstante, el informe Foessa constata un modelo social con signos evidentes de agotamiento que genera "desigualdad, precariedad y fragmentación social". En este sentido, Rodríguez ha afirmado que "la exclusión social es la expresión de grietas profundas en el modelo de desarrollo" y ha manifestado que se trata de un modelo "ecológicamente insostenible". Así, el informe ha planteado un cambio de rumbo sustentado en tres pilares fundamentales: una sociedad civil activa, instituciones públicas fuertes y una clase política valiente.

Por otro lado, monseñor Jesús Fernández ha recordado que, gracias a la red de Cáritas parroquiales, "la Iglesia está presente en cada rincón para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles". Fernández ha subrayado que Cáritas es "corazón", por su cercanía, pero también es "cabeza", porque recoge datos, planifica y organiza la respuesta para actuar con "realismo y eficacia". Por eso, la Iglesia, en su acompañamiento a las personas más vulnerables, entiende que "comprender la realidad es una dimensión básica de la caridad", ha destacado.

En la misma dirección, Sánchez ha reforzado la idea de que el Informe Foessa es "una herramienta para transformar la realidad" y ha concluido con un llamamiento a asumir "en lo político, en lo personal y en lo comunitario, la cuota de responsabilidad en la construcción de soluciones y oportunidades".