Absueltos los responsables de la cooperativa que gestiona la construcción fallida de un geriátrico en Linares (Jaén)

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Jaén ha absuelto a los cuatro responsables del consejo rector de una cooperativa encargada de gestionar la construcción de un geriátrico en Linares (Jaén) y que habían sido juzgados como presuntos autores delito societario por administración desleal por el que el Ministerio Fiscal le reclamaba dos años y medio de cárcel, mientras que la acusación elevaba su petición de pena a siete años y medio por considerarlos autores de un delito continuado de apropiación indebida en concurso con otro de estafa.

La sentencia de la Sección Segunda a la que ha accedido Europa Press establece que "en ningún caso podría hablarse de que los miembros del citado consejo rector cometieran un delito de estafa". Recoge que el proyecto del geriátrico "no llegó a materializarse, no por un propósito inicial de alguno de los encausados, sino los las dificultades sobrevenidas ante la salida masiva de cooperativistas por las modificaciones del proyecto y por las dificultades de encontrar financiación externa".

Abunda el tribunal en que "la frustración del proyecto y la quiebra técnica de la cooperativa no se produjo por una actuación desleal o apropiatoria imputable de los miembros del consejo rector sobre los que se ejerce la acusación" sino a dificultades sobrevenidas "motivadas básicamente por las exigencias de la Junta de Andalucía" al prohibir las división horizontal de las distintas unidades habitacionales adquiridas por los cooperativistas.

Fue esto, dice la sentencia, lo que originó "la salida masiva de cooperativas", situación que "se agravó a demás con las dificultades de encontrar financiación externa".

Por todo ello, el tribunal no considera acreditado que "por parte de los miembros del consejo rector hubiese un incumplimiento de su deber de fidelidad en la administración del patrimonio de los cooperativistas, o una conducta apropiatoria del mismo", por lo que "prodece su libre absolución" respecto a estos delitos y también del de estafa.

Los cuatro acusados formaban parte del consejo rector de una sociedad cooperativa constituida en 2003 en Linares (Jaén) para la construcción de un complejo asistencial geriátrico.

El quinto de los acusados en esta causa era el administrador de una sociedad al que el consejo rector le encomendó por contrato la gestión y asesoramiento del proyecto. Según Fiscalía, esta persona, suscribió a su vez con cargo a la cooperativa contratos de asesoramiento y servicios "por un precio totalmente desproporcionado, sin que en la mayoría de los casos se llevaran a cabo". Sin embargo, esta persona ya ha fallecido antes de que pudiera ser juzgado y el tribunal no ha considerado probadas las afirmaciones del Ministerio Público.

La sociedad encargada de gestionar y asesorar en el proyecto adquirió los terrenos de naturaleza rústica en 2004 por 426.000 euros y se los vendió a la cooperativa un año después, cuando seguían siendo rústicos, por 1,08 millones de euros y su valor. No fue hasta 2008 cuando se consiguió que el Ayuntamiento recalificara los terrenos, que ya son urbanizables y valorados en tres millones de euros.

La cooperativa, antes de cobrar, estaba formada por unos 150 cooperativistas que desembolsaron cantidades, en su mayoría de 30.000 euros para poder adquirir una plaza en el futuro geriátrico.

La que fuera tesorera de la cooperativa declaró ante el tribunal que los problemas comenzaron en 2008 cuando desde la Junta de Andalucía se le puso pegas al proyecto por contemplar la propiedad horizontal, al plantear el cambio y con la crisis económica del momento, fueron hasta 40 cooperativas los que pidieron darse de baja y que se les devolviera el dinero.

El hecho de no poder hacer frente a los pagos es lo que terminó una denuncia y en un proceso que es el que está enjuiciando la Audiencia de Jaén. Los responsables de la cooperativa que se sentaron el pasado 15 de septiembre en el banquillo de la Audiencia insistieron en que ellos tampoco han cobrado y su objetivo ahora es el de vender el proyecto, incluido el suelo calificado, para poder pagar a todos los cooperativistas.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida.