El acusado de agredir sexualmente a una menor discapacitada durante su declaración en el juicio - EUROPA PRESS
JAÉN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha juzgado a un hombre de 30 años acusado de agredir sexualmente a una menor de 15 años discapacitada a la que supuestamente le ofreció cocaína para seguidamente mantener relaciones con ella. Aunque él ha negado haber intimado con ella, la menor --actualmente de 18 años-- ha declarado que fueron relaciones consentidas.
"No sabía su edad. La conocía de vista. No mantuve relaciones sexuales. Yo no hice nada, no le di cocaína", ha dicho el acusado ante el tribunal a preguntas del Ministerio Fiscal. Tampoco ha sabido dar una explicación a por qué se localizaron muestras con su ADN en la exploración médica que se realizó a la menor, ni tampoco por qué había restos de cocaína en el organismo de ella.
La declaración de la chica, actualmente con un 47 por ciento de discapacidad reconocido, ha sido mediante prueba preconstituida. Se ha reproducido en el juicio la declaración grabada de la joven cuando ocurrieron los hechos y ella tenía 15 años.
La menor declaró que el acusado y ella se conocieron por redes sociales y que ambos conocían sus edades y que a él no le había importado que tuviera 15 años.
Según la menor, el día de la fiesta no fue el primero que tuvieron relaciones, ya había ocurrido antes y sin ningún tipo de protección. "Me hubiese podido quedar embarazada", ha señalado para explicar a las psicólogas el grado de relación que tenían sin tener que dar más detalles sobre la misma.
"Yo quería, no ha sido porque me haya obligado ni nada", ha manifestado la menor en su declaración. Según el abogado de la acusación particular , desde que ocurrieron los hechos, la menor ha intentado proteger al acusado y no ha sido hasta pasado el tiempo cuando a empezado a dar detalles de lo ocurrido.
Los hechos se remontan a las 15,00 horas del 5 de febrero de 2023. El acusado, que conocía a la menor desde el verano anterior y con la que había quedado en varias ocasiones, se citó con ella para llevarla a su domicilio. En dicha vivienda se iba a celebrar una fiesta en la que, según el fiscal, el procesado facilitó de forma gratuita alcohol y cocaína a los asistentes.
El relato del fiscal señala que el acusado, "en el deseo de tener relaciones sexuales y a sabiendas de que tenía 15 años de edad y que además tenía una discapacidad intelectual", ofreció cocaína a la menor.
La víctima consumió la sustancia en forma de "nevadito" --un cigarrillo con un poco de cocaína-- y, en ese contexto, accedió a mantener relaciones sexuales con el procesado con lo que Fiscalía considera que fue un "consentimiento afectado".
Fue la madre de la menor la que acabó denunciando el caso ante la Guardia Civil preocupada porque su hija no llegaba a casa. En el juicio, la madre ha declarado que desde el verano llevaban preocupados porque se su hija se juntaba con "malas compañías", aunque desconocían que estuviera que un chico.
Para el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a una menor en el que concurre la circunstancia de abuso de una situación de vulnerabilidad, así como de un delito contra la salud pública por el suministro de sustancias que causan grave daño a la salud. El procesado está considerado autor de ambos delitos sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Por el delito contra la libertad sexual, la Fiscalía solicita una pena de 12 años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta, diez años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima a una distancia inferior a 500 metros durante el tiempo fijado. Asimismo, reclama otros diez años de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular con menores de edad.
Por el delito contra la salud pública, el fiscal pide una condena de cinco años y dos meses de prisión, junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. En total, las penas solicitadas suman 17 años y ocho meses de prisión.
La edad legal de consentimiento sexual es a los 16 años. Cualquier acto de carácter sexual con un menor de 16 años es considerado delito de agresión sexual, independientemente de que el menor haya expresado su acuerdo, ya que la ley considera que no tiene la madurez suficiente para consentir.
En este caso, Ministerio Fiscal y acusación particular comparten la petición de penas, mientras que la defensa del acusado ha abogado en el juicio por la libre absolución de su cliente por entender que el testimonio de la menor no tiene credibilidad.