SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Adelante Andalucía está estudiando presentar alguna iniciativa en la Cámara andaluza a fin de que se diriman responsabilidades políticas en el caso del supuesto cobro de 'mordidas' a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo público que abonaba la Junta de Andalucía por parte de dirigentes de la Fundación Guadalquivir Futuro.
Así lo han anunciado, en rueda de prensa, los parlamentarios de la confluencia Ángela Aguilera y David Moscoso, al hilo del informe pericial conocido esta semana sobre el uso dado a las ayudas recibidas por la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir entre 2014 y 2016, que ha detectado "falta de control" y "dejadez" en las cuentas de dichas entidades.
En el mismo se subraya que "no se puede concluir que las cantidades recibidas" por dichas entidades "hayan sido empleadas para el fin por el que se recibieron", formando ahora ya parte esta prueba pericial de la investigación judicial abierta respecto a las supuestas mordidas, por parte de las citadas entidades, a los salarios de desempleados a los que se contrató con subvenciones finalistas de la Junta, que sumaron casi 380.000 euros.
Moscoso ha explicado que dicho informe revela que "no había libro de contabilidad" en la Fundación y las referidas asociaciones en el periodo investigado, "lo que denota falta de diligencia en la debida gestión y administración de una entidad", así como expone que "existía desfase entre la resolución de expedientes y las cantidades recibidas por la Fundación, con lo que perciben más que lo resuelto sin que la Junta reclamase que devolviesen cantidades adicionales".
Otro de los asuntos que ha puesto de relieve el diputado por Córdoba es que se ha conocido que el abono de las nóminas se efectuaba en metálico, lo que ve "una anomalía en tanto que buena parte de las nóminas eran pagadas con recursos públicos", o también que facturas de algunos proveedores "no determinan sus servicios a pesar de que eran por importe de decenas de miles de euros".
Igualmente, Moscoso ha apuntado que se encontraron facturas de servicios "cuyos proveedores no se corresponde con los servicios que desarrollan, y que también eran pagadas en metálico", mientras que "se han detectado ingresos recibidos de Fundación por parte de la Junta que no corresponden a ninguna resolución pública publicada".
"Alguien desde la Junta hizo transferencias de decenas de miles de euros sin que se justificaran en programas ni en nada parecido", ha proseguido el diputado de Adelante Andalucía, que también ha indicado que "en libros contables se da fe de que parte del dinero de estas transferencias se desviaban a cuentas, algunas personales". Sobre las presuntas 'mordidas', ha explicado que "no eran registradas en asientos contables como tales o aportaciones y, por tanto, no se declaraban en el pago del impuesto de sociedades".
Moscoso considera que "falta mucha información de la finalidad para la que recibían subvenciones, había falta de control y fiscalización por parte de la Junta y esto es grave porque está establecido en las bases reguladoras de las subvenciones cómo deben justificarse".
Así las cosas, Adelante Andalucía cree que deben rendirse responsabilidades políticas por todos estos hechos en el Parlamento andaluz pues, a juicio de Aguilera, el caso de la Fundación Guadalquivir "concentra las peores prácticas posibles".
Tras indicar que a trabajadores de la Fundación "se les obligó a trabajar para los directivos en algunas labores absolutamente inauditas como dar masajes, limpiar casas o ir a mítines", la portavoz ha tachado de "inmoralidad" que igualmente les "impusieran 'mordidas' en sus salarios".
Ha censurado la actitud de los responsables de la Fundación por "usar el privilegio de estar en política, usar las relaciones del partido que gobierna, entonces el PSOE, y ampararse en su propia impunidad para quedarse con el dinero de los trabajadores", de modo que entienden que estos comportamientos deben tener una respuesta política pues "desde el gobierno de Susana Díaz se dio amparo a lo que se manifiesta como un comportamiento desde el punto de vista legal absolutamente indecente".
"Más allá de las cuestiones judiciales debemos abordar la cuestión política", ha agregado Ángela Aguilera, que ha explicado que el grupo parlamentario estudia iniciativas que elevar a la Cámara para que se resuelvan esas responsabilidades políticas.
