ALMUÑÉCAR (GRANADA), 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Almuñécar (Granada), Juan Carlos Benavides (CA), defendió hoy al concejal del PP que se opuso a una moción de censura contra él, Francisco Ledesma, al que su partido le ha abierto expediente de expulsión por negarse a entregar su acta como se le había pedido tras "desmarcarse" de la propuesta.
En declaraciones a Europa Press el regidor, que no entiende la "actitud sectaria del PP", dijo que se plantea defender en los tribunales "el honor de un funcionario ejemplar" ante el "acoso" que está recibiendo "no sólo por parte del PSOE, sino también por su propia formación política" que ayer le pidió que devolviera su acta tras conocer un escrito que Ledesma había enviado a los medios de información.
Además, según Benavides, el PSOE acusa al alcalde de Almuñécar de haber contratado a Ledesma para dirigir la nueva empresa de gestión tributaria del municipio, "algo totalmente falso, ya que fue la empresa, participada por Ferrovial, quien pensó que el candidato idóneo para la gerencia era el anterior responsable de la misma función con la Diputación".
El alcalde almuñequero defendió tanto la contratación de Ledesma como el concurso para adjudicar el servicio "en el que participaron cinco empresas y ganó la unión temporal Ferroser-Recam". La adjudicación está suspendida por orden judicial por una denuncia interpuesta por los sindicatos "por un error de forma en la convocatoria", señaló.
Benavides destacó que Francisco Ledesma ha tenido una trayectoria profesional "intachable" como funcionario de la Diputación Provincial de Granada y los últimos 20 años ha sido el responsable de la Agencia Provincial de Administración Tributaria en Almuñécar. El Consistorio sexitano resolvió el contrato con la APAT y publicó el pliego para la nueva adjudicación "concurso en el que no quiso participar el ente de la Diputación", según Benavides.
El primer edil de Convergencia Andaluza sostuvo que la empresa adjudicataria pensó que Ledesma era la persona más apropiada para el cargo "porque ya conocía el funcionamiento". Además, recordó que como funcionario público ha solicitado "la excedencia a la Diputación" al concedérsela su contratación por Ferroser-Recam es legal. "Como no mando en una de las principales empresas del país no se me puede acusar de haberlo contratado para la nueva empresa privada de servicios", concluyó.
