GRANADA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Pinos Puente (Granada), Vicente Mario García (IU), ha asegurado este lunes en el Juzgado de lo Penal 2 de Granada que "desconocía" el informe desfavorable de la secretaria del Ayuntamiento que desaconsejaba la contratación de una trabajadora, concretamente una monitora de prensa, por vulnerar la "el procedimiento de contratación legalmente establecido", un proceso que le ha llevado a sentarse en el banquillo de los acusados por un posible delito de prevaricación.
"Yo no conocía el informe. Si lo hubiera conocido no estaría ahora aquí. Entendía que el procedimiento era legal porque confío plenamente en los técnicos y los funcionarios", ha dicho.
El regidor, para el que la Fiscalía pide siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, ha señalado que la creación del gabinete de prensa fue producto de una "decisión política" para "mejorar la imagen deteriorada" del municipio en mayo de 2008, tan sólo unos meses después de las elecciones municipales, en las que García pactó con el PP y los independientes 'El Olivo' para gobernar.
De hecho, según ha afirmado, la puesta en marcha del gabinete de prensa en el que iba a trabajar la monitora, del que hasta entonces se encargaba la concejal de Mujer y Asuntos Sociales, era, ha apuntado, "imprescindible" y requería cierta "urgencia" porque estaban muy cercanas las fiestas del municipio que se querían promocionar y estaban previstos proyectos "muy importantes" como el polígono industrial y el balneario.
En su contratación, sin embargo, no intervenía el alcalde y fue la propia concejal de Asuntos Sociales la que entrevistó a la que luego fue contratada y a otros aspirantes. "Cuando se tomó la decisión política se puso en marcha un procedimiento que entiendo que era el adecuado, más cuando el propio asesor jurídico del Ayuntamiento me había dicho que no había ninguna irregularidad".
Una vez elegida la candidata, el alcalde sólo tuvo que firmar la resolución al respecto, que ni siquiera revisó ya que "es muy habitual" en un Ayuntamiento que se firmen numerosos documentos al día que son "imposibles" de inspeccionar en su totalidad.
"Yo no conocía ni sus méritos ni los de los otros candidatos y, pese a que me he enterado después de que es pariente del diputado provincial de IU Julio Bernardo no me unía a ella ninguna vinculación. De hecho, va en las listas del PP para las próximas elecciones", ha afirmado el alcalde, que ha incidido en que la mujer sólo permaneció contratada durante unos seis meses y que después no ha vuelto a trabajar para el Ayuntamiento.
Además, ha dicho, entonces "no tenía experiencia política" y "era un recién llegado". "Sí es verdad que después de ser denunciado miro mucho más las cosas", ha indicado el primer edil, que ha incidido en que en el Consistorio "siempre" se han hecho las contrataciones de igual forma.
De hecho, tras su declaración ha comparecido como testigo la secretaria que emitió el informe desfavorable, que ha asegurado que en el Ayuntamiento de Pinos Puente es un "mal endémico" la contratación de personal sin tener en cuenta los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben presidir la contratación pública. "Es algo que no es sólo cosa de este alcalde, viene de mandatos anteriores", ha afirmado la secretaria, que se ha ratificado en que en el caso de la monitora de prensa se hizo "mala praxis administrativa", que sin embargo no considera delito.
La monitora ha sostenido que se enteró de la oferta del puesto de trabajo por el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y que se limitó a presentar su currículo que luego le sirvió para ser llamada a una entrevista, con la que finalmente consiguió el empleo. La concejal que la entrevistó ha dicho que no tuvo en cuenta su filiación política, que la desconocía, y que su perfil se ajustaba a lo que se necesitaba para el gabinete de prensa. "Además era mujer y gitana, con lo que podría ser muy representativa de gran parte del municipio", ha señalado.
Una vez concluidas las declaraciones, el fiscal ha mantenido su petición de siete años de inhabilitación para el alcalde, que la acusación particular, ejercida por el portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Enrique Medina, eleva a los ocho años de inhabilitación, mientras que la defensa solicita la libre absolución. Tras los informes de las partes, el juicio ha quedado visto para sentencia.
