GRANADA, 4 May. (EUROPA PRESS) -
Un total de 68 de los 73 procesados por la presunta comisión de delitos de fraude de prestaciones en concurso y de falsedad en documento oficial que iban a ser enjuiciados, dentro de una causa por estafa a la Seguridad Social, desde este miércoles por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, han aceptado penas de entre cuatro y seis meses de prisión por estos hechos en el marco de un acuerdo de conformidad entre las partes, incluida la Fiscalía.
En concreto, y según han informado fuentes del caso a Europa Press, aquellos que han devuelto las prestaciones que habían cobrado indebidamente han aceptado penas de cuatro meses, en virtud de un acuerdo ratificado también por Abogacía del Estado, Servicio Público de Empleo Estatal y Seguridad Social, que conlleva la suspensión de las mismas.
Aquellos que no han reintegrado las cantidades o lo han hecho parcialmente han aceptado, por su parte, seis meses de prisión, y su situación quedará pendiente del abono de la responsabilidad civil para las suspensiones de las penas. Se enfrentaban a peticiones de la Fiscalía de hasta dos años y ocho meses de prisión.
El procesado principal, para el que la Fiscalía ha pedido seis años de prisión y multa de más de un millón de euros en esta causa por estafa a la Seguridad Social, no ha participado en este acuerdo, han informado las mismas fuentes, al igual que otros cuatro procesados --uno de ellos este miércoles en paradero desconocido--, contra los que también se habrá de celebrar el juicio. El resto no se tendrá que sentar en el banquillo y quedarán a la espera de la sentencia, que recogerá los términos del citado acuerdo.
En el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tuvo acceso Europa Press, constaba que el acusado principal, de 58 años, dio de alta en el régimen de autónomos a una empresa con domicilio en Calicasas para "desarrollar supuestamente una actividad que tenía por objeto el cultivo de cereales, leguminosas y semillas oleaginosas". Desde el 5 de mayo de 2016 se dio de alta en el sistema RED de la Seguridad Social.
Con ello habría creado "un sistema permanente y falsario con el exclusivo fin de realizar altas ficticias en la Seguridad Social y con ello obtener un lucro ilícito propio". Así, supuestamente "simuló el desarrollo de una actividad agraria inexistente y logró altas masivas en el sistema de la Seguridad Social por los trabajadores contratados".
De este modo, "todos los trabajadores individualmente y en connivencia" con el procesado principal "con el fin de alcanzar de forma ficticia los plazos mínimos de cotización necesarios para engañar al Servicio Público de Empleo Estatal y al Instituto Nacional de la Seguridad Social y obtener ilícitamente prestaciones o subsidios de los mismos en detrimento del erario público".
Para ello, habrían presentado "ante esos organismos solicitudes de prestaciones y certificados de la mencionada empresas" que habrían resultado ser "mendaces, deformando la realidad fáctica en aras al apoderamiento ilícito pretendido". En este contexto, los acusados habrían obtenido "ilícitamente prestaciones públicas a cambio de una cantidad de dinero no determinada que abonaron" al procesado principal, que habría ocasionado un perjuicio total de más de 250.000 euros.
Serían "prestaciones ilícitamente obtenidas por el resto de acusados", de los que un total de 12 se enfrentaban a penas de dos años de prisión por la presunta comisión de un delito continuado de fraude de prestaciones con la circunstancia atenuante de reparación del daño.
Para otros 23 la Fiscalía solicitaba antes del acuerdo dos años y ocho meses de prisión por la presunta comisión de un delito continuado de fraude de prestaciones, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Por la presunta comisión de un delito de fraude de prestaciones, había otra quincena de procesados que se enfrentaban a penas de ocho meses de prisión pues observaba en ellos el ministerio público la atenuante de reparación del daño; mientras que para otros 12 en los que no concurrían circunstancias modificativas la Fiscalía pedía dos años por este mismo supuesto ilícito.
Por último, había nueve procesados por supuesto delito de falsedad en documento oficial, que se enfrentaban a un año de prisión y multas de 2.400 euros. Habían un acusado por este mismo ilícito en que concurría la agravante de reincidencia para el que el fiscal solicitaba pena de 18 meses de prisión y multa de 3.000 euros.
